El 30 de agosto de 2016, Bruselas concluyó que las ayudas fiscales concedidas por Irlanda a Apple no eran legales y que debía recuperar 13.000 millones de euros que había dejado de cobrar por permitir en su territorio maniobras de elusión fiscal. Según la comisaria europea Margrethe Vestager, un año después de adoptada la decisión Irlanda no ha movido un dedo. El plazo para que Dublín cumpliera expiró en enero de 2017, cuatro meses después de la comunicación, un plazo normal en este tipo de procedimientos. Ante la inacción del gobierno irlandés, Bruselas ha comunicado hoy su decisión de denunciar a Irlanda ante la Corte Europea de JusticiaBruselas lamenta que hasta que el dinero no sea ingresado en las arcas públicas, Apple se seguirá beneficiando de una posición injusta respecto a otras empresas. Y a pesar de que hay constancia de que el Gobierno irlandés «ha hecho progresos en el cálculo exacto de las ayudas ilegales concedidas, no planea terminar los trabajos antes de marzo de 2018 como pronto, algo que la comisaria considera «inaceptable».Irlanda, que califica la denuncia de «lamentable» defiende su sistema fiscal y no quiere ingresar ese dinero, por lo que ha recurrido ante la Justicia Europea la decisión de Bruselas. Las normas comunitarias, sin embargo, indican que aunque haya un recurso en marcha, el dinero ha de ser recuperado, pudiendo ser depositado temporalmente en una cuenta bloqueada.La UE no puede imponer multas por el retraso del cumplimiento hasta que haya una sentencia del Tribunal al respecto, algo que suele llevar cerca de dos años desde que arranca el proceso.