La Fundación Instituto Hermes se encuentra en la recta final de uno de sus proyectos más importantes: el grupo de trabajo «Interconectividad, logística y ciudadanía digital» que parte de la premisa de que si igualamos los derechos digitales, igualamos las oportunidades. Así, podemos utilizar la identificación, difusión y defensa de los derechos digitales como motor para revertir la despoblación en las zonas rurales.
Para llevar a cabo este reto, contamos con la colaboración de Correos como socio principal y coordinador de los trabajos, y la participación de Red Eléctrica Española y Renfe.
La convergencia del despliegue de una estrategia de digitalización basada en derechos y de los planes de transición ecológica, es la clave fundamental para enfrentar y revertir el declive de la España interior.
Toda estrategia debe tomar como ariete el desarrollo conjunto de conectividad, movilidad y logística. Hay una transformación en marcha de las infraestructuras y sobre todo, una nueva forma de entender las infraestructuras, que aparece ligada al desarrollo de derechos ciudadanos. Ellas son las nuevas claves del desarrollo.
Estas infraestructuras, que representan la materialidad de los nuevos derechos ciudadanos, están vinculadas a un tipo particular de sujetos: empresas de servicio público cuya historia ha estado tradicionalmente ligada a la ampliación de derechos ante cambios tecnológicos profundos (transportes, comunicaciones, electrificación, etc.).
En 2020, el año de la pandemia, la experiencia de los confinamientos -especialmente en el mundo PYME- hizo evidente que la logística es los pies y las manos de la digitalización. Mientras, el arranque del Pacto Verde abría la oportunidad de impulsar el marco de la transición energética.
La nueva manera de mirar el territorio que surgió de los debates entre el Instituto Hermes y Correos evidenció la oportunidad de pensar en una lógica de colaboración entre ciudades, superadora de cualquier dialéctica de confrontación entre territorios.
El vínculo entre infraestructuras de transporte, digitalización y derechos nos permitió, por ejemplo, imaginar la red de ciudades del AVE como columna vertebral de la digitalización, detonante de una repoblación sustentada en una reindustrialización distribuida, digital y verde. Al mismo tiempo que se expandían de forma efectiva los derechos de ciudadanía digital.
De esta reflexión estratégica surgió la propuesta de Zonas de Urgente Digitalización y como consecuencia suya la necesidad de medir el impacto en derechos digitales de los proyectos estratégicos ligados a la digitalización.
A lo largo de este año, hemos llevado a cabo una nueva fase de trabajos con el objetivo de presentar a las Administraciones Públicas 10 propuestas aplicables para combatir la despoblación partiendo del poder transformador y de desarrollo de la materialización de los nuevos derechos digitales.
Esta fase fue dividida en cinco sesiones de debate:
Es el punto de partida: para responder al reto demográfico es necesario garantizar una conexión universal con anchos de banda que permitan la digitalización efectiva del trabajo y los consumos culturales. Además, el acceso a la conexión de los ciudadanos tiene que ofrecerse en las mismas condiciones económicas en todo el territorio. Todo lo demás significaría discriminación.
En esta sesión se debatieron posibles propuestas de reforma legislativa e iniciativas políticas concurrentes a hacer efectivo este derecho, y la aplicabilidad y oportunidad de fórmulas y conceptos como el «servicio universal» o los servicios de «interés económico general», así como las vías de impulso de la «iluminación» y ampliación de las redes de fibra en manos de las Administraciones públicas para llegar a la población rural.
El derecho al trabajo digital es hoy un horizonte en espera de la ampliación y el desarrollo de un mercado del trabajo digital -no solo del teletrabajo- que en España apenas existe fuera de las grandes ciudades. Desde nuestro punto de vista el desarrollo de este derecho y este mercado es la clave fundamental para una nueva industrialización sostenible en la España rural.
Según nuestros cálculos más de un millón de personas que se desarrollan profesionalmente en el ámbito de los servicios avanzados consideran o han considerado la posibilidad de instalarse en zonas rurales ante las nuevas posibilidades de teletrabajo. Otros ámbitos, desde el emprendimiento digital al telemarketing, desde el periodismo a la administración de negocios o los servicios educativos digitalizados, esperan todavía su oportunidad.
Tanto la transición ecológica como la transición digital requieren de un fuerte pilar de participación ciudadana. El éxito de las cooperativas de energía, hoy en transición hacia Comunidades Energéticas Locales (CEL), nos da un modelo de desarrollo para la digitalización «desde abajo». Es fundamental este impulso ciudadano en cuestiones básicas como la creación de un mercado de trabajo digital y el desarrollo de la alfabetización y la cultura digital.
En esta sesión debatimos propuestas presentadas con anterioridad como las Cooperativas de Trabajo Digital o el Estatuto del Trabajador Digital.
La alfabetización digital ha de ir mucho más allá del manejo de herramientas básicas (tal y como se entendió generalmente hasta ahora en España). Es necesario dar la oportunidad de desarrollar competencias de todo tipo a través de la formación en «cultura digital» más que alfabetización digital: desde los conocimientos para digitalizar la actividad laboral y profesional hasta la posibilidad de defender la integridad personal frente abusos y agresiones.
Las propuestas previas a debatir en este punto son la creación de un programa de «Misiones pedagógicas digitales» y la creación de «Zonas de Urgente Digitalización» (ZUD) como zonas prioritarias para la inversión pública, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y la acción social.
En esta última sesión sobre medidas, debatiremos políticas y programas tendentes a dotar de piernas a la digitalización mediante el desarrollo logístico verde de la España menos poblada y el desarrollo de la industria digital. Como punto de partida, una «red de ciudades del AVE» puede ser el gran conector de las ZUD en un rango de 80km a la redonda de cada uno de sus integrantes, sirviendo a la transversalización de políticas activas, la dinamización cultural y social y las políticas de emprendimiento, y sirviendo de paso para comprometer a los grandes centros urbanos y sus elementos más dinámicos en la nueva industrialización digital y sostenible.