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Hubertus Heil - Ministro Federal de Trabajo de Alemania

El antecedente alemán

El Ministro de Trabajo Hubertus Heil (SPD) quiere reconocer el derecho a trabajar desde casa después de la crisis del coronavirus. Los sindicatos y las empresas le apoyan, pero la respuesta obedece a una demanda más general.

El porcentaje de trabajadores que realizan su trabajo desde casa ha aumentado en Alemania del 12 al 25% del total de asalariados durante la pandemia. Heil declaró al periódico «Bild am Sonntag»

Estamos trabajando en una nueva ley para el derecho a «la oficina en casa» [nombre popular del teletrabajo en Alemania], que presentaremos en otoño. Todo aquel cuyo lugar de trabajo lo permita, debería poder trabajar si lo desea en remoto. La idea es que los trabajadores puedan mudar su puesto de trabajo a casa, bien de forma permanente, bien uno o dos días a la semana. Con la pandemia, estamos dándonos cuenta de la cantidad de trabajo que actualmente puede ser realizado en remoto.

Con «reglas justas» Heil quiere evitar que «el trabajo se meta demasiado en la esfera privada». También debe haber una hora de cierre en la oficina en casa – «y esta hora no puede ser las 10 de la noche». El trabajo a domicilio debería ser una opción voluntaria para los empleados. «Queremos hacer posible más tele-trabajo, pero no forzarlo», dijo Heil.

El partido social-demócrata (SPD) que integra la coalición liderada por la canciller Angela Merkel, ya había defendido en diciembre de 2019 –mucho antes de que la pandemia obligara al confinamiento en Alemania y en gran parte del mundo– el establecimiento del derecho a trabajar desde casa.

El vicecanciller y ministro federal de finanzas, Olaf Scholz, también elogió en público las ventajas del tele-trabajo. «Las últimas semanas han demostrado lo mucho que se puede hacer trabajando desde casa»; «Es un verdadero logro, del que no debemos quedarnos atrás», añadió el Ministro de Hacienda al periódico «Bild am Sonntag».

La iniciativa tiene el apoyo de los sindicatos, entre otras organizaciones. El miembro de la junta de Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – en español, Sindicato Unido de Servicios), Christoph Schmitz, declaró que desde el sindicato:

«Exigimos el derecho a una oficina en casa» y añadió que deben seguir cumpliéndose ciertas condiciones, «por un lado, las cuestiones operativas y la voluntad de los clientes han de tener un papel central, y por otro, la salud y la seguridad en el trabajo deben garantizarse de forma integral, lo que abarca desde los equipos de trabajo ergonómicos hasta el registro del tiempo de trabajo».

¿Por qué la medida genera consenso social CDU-SPD, empresariado-sindicatos?

La medida podría afectar a un 20% de la fuerza de trabajo alemana. La experiencia de lo que en Alemania llaman la «oficina en casa» ha sido muy positiva durante el confinamiento… tanto para empresarios como para trabajadores. Y algo muy similar ha ocurrido en Francia.

Las empresas han visto la oportunidad de reducir gastos fijos en oficinas y servicios ligados. En no pocos casos especulan incluso con la posibilidad de vender plantas o edificios, sin perder capacidad de crecimiento. Porque el hecho es que tener un cierto porcentaje de la plantilla en remoto permite tener una fuerza de trabajo más flexible y capaz de crecer según las necesidades de la demanda.

Por otro lado, en países como Alemania hace mucho que las metodologías online de gestión de proyectos y organización de equipos ya estaban muy implantadas dentro de las oficinas más allá de los sectores originales (finanzas, software, etc.). Esto ha convertido el paso al teletrabajo en una ganancia real de productividad que los trabajadores han percibido sin embargo como una ganancia en su capacidad de conciliación laboral-familiar… y un ahorro en tiempos y gastos de transporte.

¿Qué significa regular el teletrabajo como un derecho?

El teletrabajo es un espacio social propio en el que se solapan los derechos laborales y los digitales.

Es muy significativa la experiencia durante la pandemia en Portutal. Este país instauró la modalidad de teletrabajo en todas las actividades susceptibles de ser trasladadas a los domicilios de los empleados. Sin embargo, las medidas de control establecidas por las empresas hicieron necesaria la intervención de la Comisión Nacional de Protección de Datos. La Comisión estableció los límites al empleador, y, entre otros, asentaba la imposibilidad de obligar al trabajador a mantener la cámara permanentemente activa, la prohibición de grabar videoconferencias, así como de someter a control remoto su actividad mediante softwares específicos (TimeDoctor, Hubstaff, Timing, ManicTime, TimeCamp, Toggl o Harvest).

El problema portugués no puede interpretarse como un conflicto por el control de los trabajadores en el tiempo de trabajo, sino como el producto de una desincronización cultural. La pandemia impuso el teletrabajo en entornos empresariales que no habían implantado todavía la revolución digital en lo que toca a los servicios empresariales. A diferencia de Alemania, en buena parte del aparato administrativo de las empresas portuguesas las metodologías de trabajo por metas y objetivos se consideran todavía exclusivas de los servicios avanzados y la digitalización de la gestión de equipos -presenciales o no- no es todavía hegemónica en el paisaje organizacional.

El teletrabajo supone ganancias de productividad cuando se organiza con metodologías modernas de gestión de equipos en torno a tiempos, metas y objetivos. El mercado hace ya mucho que ofrece decenas de soluciones con diversos enfoques de planificación y gestión de proyectos online (BaseCamp, Asana, etc.). Este tipo de organización del trabajo ha demostrado aumentar de manera efectiva la productividad de los servicios avanzados sin necesidad de cronometraje.

La forma de dar el salto de una situación similar a la de Portugal a una como la de Alemania, e incrementar con ello la productividad de los servicios dentro de las empresas, es impulsar mediante regulación la concepción del teletrabajo que es hegemónica en EEUU, Gran Bretaña, Alemania o los países escandinavos.

Brecha Digital - Conectividad a Internet

Un reciente estudio publicado hace unas semanas en EE.UU estima que 42 millones de personas carecen de Internet de banda ancha. Un miembro de la Comisión de Comunicaciones advierte de la importancia de frenar la brecha digital y dar acceso a Internet de banda ancha a toda la población como medida de garantía social.

Una propuesta para el gobierno federal de Geoffrey Starks, miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Una medida clara y consistente durante la pandemia del Coronavirus está siendo quedarse en casa. Para muchas personas eso significa llevar el grueso de las actividades diarias -trabajo, colegio de los niños, atención médica, relaciones con los seres queridos- a través de Internet. Sin embargo, esto no es algo posible para todos.

Durante las próximas semanas se pondrá al descubierto, la cruda realidad de la brecha digital: decenas de millones de estadounidenses no pueden acceder a Internet o no pueden permitirse las conexiones de banda ancha en casa que necesitan para teletrabajar, acceder a la información médica o ayudar a los jóvenes a seguir un programa educativo cuando los colegios están cerrados. En un momento en el que la salud pública requiere distanciamiento social e incluso cuarentena, cerrar la brecha digital se convierte en algo central para nuestra propia seguridad, incluida la económica.

Eliminar la brecha digital de forma permanente es un problema a largo plazo que requiere recursos y compromisos sostenidos. El gobierno federal y el sector de la tecnología y las comunicaciones deben trabajar juntos para tomar medidas inmediatas y de emergencia para hacer llegar la banda ancha de calidad a los hogares de las zonas afectadas por el coronavirus. Esto es lo que debería incluir un plan de estímulo de conectividad:

Cada año, la Comisión Federal de Comunicaciones gasta unos 8.000 millones de dólares para llevar los servicios de comunicaciones a zonas rurales y a estadounidenses de bajos ingresos. Durante esta crisis, debemos utilizar rápidamente estos fondos para aumentar el número de accesos gratuitos disponibles en escuelas y bibliotecas públicas, ampliar el alcance de la telemedicina y mejorar el programa Lifeline, único programa federal con la única misión de llevar conexiones asequibles a los estadounidenses de bajos ingresos, un aspecto crítico en estos tiempos de turbulencia económica. Esta no sería la primera vez que la Comisión ha ampliado el programa Lifeline ante una crisis; en la etapa de George W. Bush lo reforzó a raía del huracán Katrina. Esto además tendría el beneficio añadido de inyectar dinero a la economía nacional mientras el Congreso analiza otras medidas de estímulo.

También deberíamos eliminar los trámites burocráticos y ampliar la flexibilidad normativa cuando ello permita a los proveedores de banda ancha ampliar rápidamente el acceso a Internet. La Comisión podría, por ejemplo, acelerar las decisiones sobre exenciones y licencias experimentales que permitirían a los proveedores desplegar el espectro inalámbrico no utilizado o utilizado de manera ineficientes, así como nuevas tecnologías para aumentar su capacidad y alcance.

A menudo pensamos que la brecha digital es un problema rural, pero las encuestas del censo muestran que el número de hogares que no están conectados en zonas urbanas es tres veces mayor que en las rurales. El coste, es en distritos urbanos la razón más frecuente. Basándose en los datos de Pew y en la Encuesta de la Comunidad Americana, el investigador John Horrigan estima que más de 18 millones de hogares carecen de banda ancha porque es demasiado cara. Para satisfacer las necesidades de las personas de bajos ingresos, algunos proveedores de banda ancha ya ofrecen una tarifa social. En tiempos de emergencia, ningún estadounidense debería quedarse sin conexión debido a su coste.

Deberíamos alentar a todos los proveedores de banda ancha a que se unan al esfuerzo de respuesta al coronavirus creando o ampliando las opciones de bajo precio para las conexiones básicas a Internet. Algunos ya lo han hecho, no obstante debemos hacer más por las familias con bajos ingresos, que ya soportan demasiadas cargas además de esta crisis de salud y sus consecuencias económicas.

Por último, en vista del número de estadounidenses que trabajarán a distancia, utilizarán la telemedicina, asistirán a clases online y en general utilizarán más Internet, los proveedores deben renunciar a los topes de datos en las zonas afectadas durante los próximos 60 días. Esta medida sin duda supondrá un coste para las empresas de telecomunicaciones, pero reconoce la urgencia del momento. También deberíamos alentar a los proveedores de servicios inalámbricos a que utilicen las herramientas de que disponen para desastres naturales y otras emergencias, como centro móviles de conectividad para dar servicio a las zonas que carecen de banda ancha.

California Consumer Privacy Act 2018

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA por sus siglas en inglés) es una ley estatal destinada a mejorar los derechos de privacidad y la protección del consumidor para los residentes en California, Estados Unidos.

Su impulsor, Alastair Mactaggart, es un magnate inmobiliario, Fundador de la asociación «Californians for Consumer Privacy» y Presidente de su Junta; La asociación ha sido la entidad impulsora del referéndum de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).

Mactaggart y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Presentada a referendum en 2016, obtuvo el respaldo de 690 mil ciudadanos, siendo el mínimo para iniciar un procedimiento legislativo de 500 mil. La Ley de Privacidad fue aprobada en 2018 por la Legislatura del Estado de California y por el gobernador de California, Jerry Brown. El CCPA otorga a casi 40 millones de personas en California los derechos de privacidad de datos más sólidos del país y ha entrado en vigor en enero de 2020.

Los californianos ahora tienen derecho a saber qué datos se recopilan sobre ellos, a prohibir la venta de sus datos a terceros, a demandar a las empresas que recopilan sus datos y sufren una violación de seguridad, y a eliminar los datos recopilados sobre ellos. El CCPA también prohibirá la discriminación contra los consumidores que opten por no participar en la recopilación de datos.

  • Saber si una empresa recolecta tus datos.
  • Conocer qué datos han sido recopilados sobre ti en los últimos 12 meses.
  • Expresar tu rechazo a la recolección de datos.
  • Prohibir que los datos recopilados sean cedidos o vendidos a terceros.

Para ello, toda página web o aplicación debe contar con un «botón» que de forma clara permita al usuario ejercer estos derechos.

Se trata de un éxito sin precedentes, que abre la puerta a una legislación a nivel federal sobre los derechos de privacidad en Internet, pero también ha provocado la respuesta inmediata de la industria tecnológica de Silicon Valley. A través de diferentes cauces ya ha presentado una serie de enmiendas a la CCPA de cara a diluir su efecto real en el tratamiento y gestión de datos de los usuarios.

Google además advierte del daño a las pequeñas empresas y emprendedores que acarreará la implementación de la CCPA, alega que se trata de matizar el lenguaje de la ley para permitir la subsistencia de los actuales modelos de negocio basados en los datos de sus usuarios. Por ejemplo, el texto de la ley limita y lista actividades específicas en las que se permite la cesión de los dados tratados, entre ellos «auditoría y seguridad» y propone que sea sustituido por «negocios cuyos propósitos incluyan» abriendo la puerta a mantener el actual status quo.

Por ello, Mactaggart ha anunciado que se encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo texto base para conseguir ampliar las garantías de la CCPA. La CCPA, señala, se centra en la venta de datos personales, pero no aborda directamente el uso de esos datos por la fuente que los recogió originalmente. Su nueva propuesta busca proteger la «información personal confidencial». Los datos que estarían cubiertos por esa definición incluyen información de geolocalización, números de Seguro Social, números de pasaporte y datos sobre raza, religión, afiliación sindical, y orientación sexual, entre otras categorías». Propone además la creación de una nueva agencia de protección de datos independiente, inspirada en el organismo regulador de la Unión Europea.

Derechos recogidos en la CCPA

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), promulgada en 2018, crea nuevos derechos de los consumidores relacionados con el acceso, la eliminación, y la cesión de información personal, que se recaba por las empresas.

Es decir, la CCPA recoge el derecho de los consumidores a saber qué información recopilan las empresas sobre ellos, para qué propósito y con quién la comparten. Los usuarios podrán solicitar a las empresas la eliminación de sus datos personales, y manifestar su deseo de no permitir su venta o divulgación a terceros.

Por su parte, las empresas deberán mostrar en un lugar visible de su página web o aplicación un enlace con el texto «Do Not Sell My Personal Information», para que los consumidores puedan ejercer estos derechos.

La CCPA se aplica sobre las empresas que, con independencia de su domicilio social, traten con datos de residentes en el estado de California y cumplan los siguientes requisitos:

  • Contar con un beneficio anual bruto superior a 25 millones de dólares;
  • Tratar con información de un mínimo de 50.000 usuarios, dispositivos u hogares, o;
  • Obtener como mínimo el 50 por ciento de sus ganancias de la venta de información personal.

Toda actividad comercial que se incluya en las condiciones establecidas por la CCPA deberá cumplir con una serie de obligaciones para aumentar la transparencia en el tratamiento que hacen de los datos, entre los que se encuentran:

  • Informar a los consumidores si tienen intención de vender sus datos. Además, tienen prohibida la venta de datos de menores de 16 años a menos que se autorice.
  • Incluir una política de privacidad en la web donde se especifique la información recogida y el propósito.
  • Proporcionar mecanismos para que los consumidores puedan solicitar información acerca de sus datos y responder a las solicitudes sin coste.
  • No discriminar a aquellos consumidores que deciden eliminar sus datos, impedir su venta o ejercer algún otro derecho. No obstante, las empresas sí pueden ofrecer incentivos financieros a los consumidores por el tratamiento de sus datos.

Información personal

La información personal bajo la CCPA incluye:

  1. Identificadores directos (tales como el nombre real, alias, dirección postal, números de la seguridad social);
  2. Identificadores únicos (cookies, dirección de IP y nombres de usuario);
  3. Datos biométricos (como el rostro y las grabaciones de voz);
  4. Datos de geolocalización (tales como el historial de localización);
  5. Actividad internauta (historial de navegación, búsquedas realizadas, interacción de datos con una web o una aplicación);
  6. Información sensible (datos sobre salud, características personales, comportamiento, religión, convicciones políticas, preferencias sexuales, empleo o datos educativos, historial médico o información financiera).

La información personal también incluye datos que por deducción pueda desembocar en la identificación de un individuo o una unidad familiar, además de datos que pueda ser de cualquier modo re-identificable. Esto significa que datos que por sí mismos no son información personal pueden serlo bajo la CCPA si pueden ser usados -por deducción o combinación con otros datos- para identificar un individuo o una unidad familiar.

Incumplimiento y sanciones

El incumplimiento de la CCPA puede desembocar en multas para las empresas de 7.500$ por infracción y 750$ por usuario afectado en concepto de daños y perjuicios civiles.

El poder para hacer cumplir la CCPA recae en la oficina del Fiscal general de California, quien, hasta julio de 2020 tiene que especificar la regulación de dicha aplicación. Sin embargo, el periodo provisional entre enero y julio de 2020 no se convierte en un periodo de gracia y las empresas están sujetas a demandas civiles por la recogida y venta de datos desde el 1 de enero de 2020.

Enmiendas a la CCPA

El Procurador General de California ha preparado el siguiente título y resumen del propósito y los puntos de la medida propuesta: Modifica las leyes de privacidad del consumidor. Estatuto de la iniciativa. Permite a los consumidores:

  1. Evitar que las empresas compartan información personal;
  2. Corregir la información personal inexacta;
  3. Limitar el uso de «información personal sensible» por parte de las empresas, como por ejemplo geolocalización; raza; etnia; religión; datos genéticos; afiliación sindical; comunicaciones privadas; y cierta orientación sexual, salud e información biométrica.

Además,

  • Cambia los criterios para los cuales los negocios deben cumplir con estas leyes.
  • Prohíbe la retención de información personal por parte de las empresas durante más tiempo del razonablemente necesario.
  • Triplica las penas máximas para las violaciones relativas a consumidores menores de 16 años.
  • Establece la Agencia de Protección de la Privacidad de California para hacer cumplir y implementar las leyes de privacidad del consumidor, e imponer multas administrativas.
  • Requiere la adopción de reglamentos sustantivos.

En cuanto a la estimación del impacto fiscal en los gobiernos estatales y locales, la fiscalía apunta a:

  • Aumento de los costos estatales anuales de aproximadamente $10 millones de dólares para una nueva agencia estatal que supervise el cumplimiento y la aplicación de la privacidad del consumidor leyes.
  • El aumento de los costos estatales, que potencialmente alcanzarían los millones de dólares anuales, por el aumento de la carga de trabajo administrativo y de los tribunales estatales, que se compensaría en parte o en su totalidad con ingresos por multas.
  • Imposibilidad de establecer el impacto en los ingresos tributarios estatales y locales causados por los efectos económicos resultantes de los nuevos requisitos de las empresas para proteger la información de los consumidores.

La casa Azul - Presidencia de Corea

Antecedentes

En 2007, cuando se entendió que el ciberacoso se estaba convirtiendo en un problema, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una ley que ordenaba que las identidades reales de las personas en Internet se validaran a través de sus números de registro en la seguridad social. Todo internauta pasaba a partir de ese momento a estar identificado con su nombre y apellidos reales facilitando la actuación ante agresiones digitales. La razón fundamental detrás de la ley fue que el anonimato online ofrecía una falta de transparencia y de responsabilidad, haciendo más sencillo perseverar en conductas de abuso y persecución. El ciberacosose entendía y se elevaba a problema nacional.

La ley contra el acoso online y el fin del anonimato en Internet fue aprobada. Sin embargo, tuvo escaso impacto en el comportamiento de las personas en Internet y dio pie a un lamentable suceso. El reglamento incluía que compañías de telecomunicaciones y sitios web almacenaran los datos de identificación de los usuarios; un material muy jugoso que pronto atrajo la atención de profesionales con oscuras intenciones. Los datos del 70% de los ciudadanos de Corea fueron extraídos durante una serie de ataques cibernéticos. Finalmente, en 2012, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las secciones de la ley que obligaban a facilitar datos de identidad a terceros para acceder a Internet.

Conmoción

En octubre de 2019, una de las estrellas más famosas del K-Pop, Sulli, se suicidó, trayendo de nuevo el problema del ciberbulling a la luz pública. Sulli sufría persecuciones online desde hacía años, hecho que había denunciado públicamente. Además Sulli conducía un programa en la televisión coreana orientado al público juvenil y dedicado a educar y concienciar sobre los daños producidos por el acoso cibernético.

En 2018 Sulli había solicitado a su agencia que iniciara acciones legales para intentar poner fin a las agresiones digitales que venía sufriendo. Aunque la agencia anunció que tomaría medidas, poco después declaró que no podía ejecutar el proceso ya que la dirección IP de los usuarios identificados como agresores estaba registrada en un país extranjero. Al conocerse la muerte de Sulli, el sitio web de la oficina del presidente surcoreano, Moon Jae-in, se inundó de peticiones solicitando recuperar el registro de identidad real obligatorio para comentar y publicar contenidos en sitios web.

La nueva ley

La nueva iniciativa legal, encabezada por el Nuevo Partido Alternativo, una escisión del Partido Demócrata de Corea, se centra en reducir los comentarios maliciosos que se publican en Internet. La formación política considera la muerte de Sulli un «asesinato social» y se ha mostrado inflexible en la necesidad de terminar con el anonimato en Internet.

… la muerte de Sulli es nada menos que un asesinato social. La prensa compitió en el marketing de clickbait utilizando la vida cotidiana de una
persona. Es más, los sitios web permiten y alientan la cultura de la agresión como espectáculo. Innumerables ciberdelincuentes, bajo el discurso de la libertad de prensa, pisotearon la dignidad humana de Sulli. Ahora es el momento de establecer un solución social a una cultura inhumana en Internet, haciendo valer la posición internacional de Corea como una superpotencia de Internet.

Los debates previos en torno a la Ley de Sulli han supuesto la recuperación del mandato del «nombre real», algo que resulta paradójico tras haber sido declarada anticonstitucional hace unos años. El debate de fondo refleja el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la garantía de los derechos de los ciudadanos en el espacio digital. Los defensores del fin del anonimato y de la ubicuidad de las plataformas digitales argumentan que la libertad de expresión es un valor vital en la
sociedad democrática, pero insultar y dañar la dignidad de otra persona está más allá de ese límite. Lee Dong-gwi, reputado profesor de psicología en la Universidad de Yonsei en Seúl defiende que,

debe haber sanciones mucho más duras para quienes violen esa ley.

Primeras encuestas revelan que el 70% de la población de Corea del Sur apoya la creación de una nueva legislación. Su votación en la asamblea legislativa está prevista para los primeros días de diciembre. El pasado 24 de noviembre, otra estrella del K-Pop, Goo Hara, apareció muerta en su domicilio. la investigación policial indica que se trata de un nuevo caso de suicidio con ciberacoso previo.

Tim Berners-Lee

Hace unos años, señalaba la neutralidad de la red o la privacidad como los principales retos a los que se enfrentaba Internet. Si tomabas a alguien al azar de la calle, te decía que la Web era genial. Ahora, te dirá que no es digno de confianza, que es un lugar donde te sientes manipulado, donde has perdido el control… Por eso imaginamos el «contrato para la Web», que requiere muchos cambios, especialmente para las empresas de nuevas tecnologías. También pide a la gente, a los gobiernos, que discutan lo que necesitamos para hacer de la Web un lugar mejor y más abierto.

…Creo que la gente debería tener control sobre sus datos, acceder a ellos, hacer cosas interesantes con ellos. El hecho de que los datos personales se almacenen y queden atrapados en silos ha hecho que la gente pierda poder: si quiero trasladar mis datos de LinkedIn a Facebook, es demasiado complicado. La gente ha perdido poder, incluyendo el poder de compartir con quien quieran. Devolver el poder al individuo significa permitirle utilizar un software que integre sus datos en la vida cotidiana, utilizar la inteligencia artificial y cosechar los beneficios. La gente no se da cuenta del poder que sus datos podrían darles.

Para Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, Internet ha llegado a un punto de no retorno. Su propuesta para recuperar Internet se basa en devolver al usuario el control de sus datos. Desde 2016 trabaja con el MIT en un proyecto de código abierto llamado «Solid». El objetivo: crear un nuevo sistema de gestión de datos personales para «capacitar» a los usuarios de Internet sobre sus datos. Esta plataforma, aún en sus primeras etapas, permitiría separar los datos generados al utilizar servicios y aplicaciones. Así, cada usuario de Internet podría poseer sus datos, almacenándolos en una especie de caja fuerte digital (cápsulas en el servicio en nube que elija). También podría decidir qué tipo de datos quiere compartir y con quién.

El informático británico, crítico habitual del poder de los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), no duda en pedir de forma abierta la descentralización de Internet en cada conferencia o entrevista que concede. Sin embargo, para que «Solid» pueda funcionar necesita de su colaboración ya que los prestadores de los servicios deberían desarrollar sistemas de compatibilidad entre sus plataformas y «Solid». Aunque parezca tarea difícil no es imposible, más cuando ya han dado un gran paso. Meses atrás, Google, Facebook, Microsoft y Twitter anunciaron la portabilidad de datos entre sus diferentes servicios. Según Berners-Lee, esta iniciativa demuestra que

las empresas «admiten explícitamente que, desde un punto de vista ético y filosófico, los usuarios tienen derecho a sus datos».

En el mundo de Solid, por ejemplo, se nos asignará al entrar un identificador personal y un personal online data store (POD), un lugar de almacenamiento de datos individual, sobre el que tenemos control absoluto. A partir de ahí, nada de contraseñas, aplicaciones que no se comunican unas con otras o archivos privados almacenados quien sabe donde.

Contrato para la Web - projecto de Tim Berners-Lee

Un nuevo contrato para Internet

En el Web Summit de 2018 celebrado en Lisboa, Tim Berners-Lee presentó un nuevo contrato para Internet cuyo objetivo es proteger a Internet de la manipulación y hacerla «segura y accesible» para todos. Esta campaña, llamada #ForTheWeb, busca sensibilizar a usuarios, empresas y gobiernos. Propone una serie de compromisos básicos a partir de los cuales se elaborará mediante un proceso participativo un «Contrato para la Web» completo, que establecerá las funciones y las responsabilidades de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos.

Los gobiernos se comprometen a:

  • Asegurarse de que todos y todas puedan conectarse a Internet: De manera que cualquier persona, sin importar quién sea o dónde viva, pueda participar activamente en línea.
  • Mantener todo Internet disponible, todo el tiempo: De manera que a nadie se le niegue su derecho de acceso completo a Internet.
  • Respetar el derecho fundamental de las personas a la privacidad: De manera que todos y todas puedan usar Internet libremente, de forma segura y sin miedo.

Las empresas se comprometen a:

  • Hacer que Internet sea accesible y asequible para todos y todas: De manera que nadie quede excluido del uso y el desarrollo de la web.
  • Respetar la privacidad y los datos personales de los consumidores: Para que las personas tengan el control sobre sus vidas en línea.
  • Desarrollar tecnologías que apoyen lo mejor de la humanidad y desafíen lo peor: De manera que la web sea realmente un bien público en donde prevalece el interés de las personas.

Los ciudadanos se comprometen a:

  • Ser creadores y colaboradores en la web: De manera que la web tenga contenido rico y relevante para todos y todas.
  • Construir comunidades fuertes que respeten el discurso civil y la dignidad humana. Para que todos y todas se sientan seguros y bienvenidos en línea.
  • Luchar por la web. Para que la web permanezca abierta y sea un recurso público global para las personas de todas partes, ahora y en el futuro.

Hasta el momento, los gobiernos de Francia, Alemania y miles de empresas y organizaciones han suscrito los compromisos de partida.

  • Miembros del núcleo «duro»: Google, Microsoft, Gobierno de Francia, Gobierno de Alemania, AnchorFree, Change.org, CIPESA, The NewNow, y WWW Foundation.
  • Miembros del Grupo de Trabajo: Aproximadamente 100 representantes de empresas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
  • Firmantes: Más de 8.000, y sumando

The Western Journal - Cabecera

Parece claro que la política editorial de The Western Journal es manipuladora, que sus contenidos son en exceso partidistas y que la ética periodística no es lo suyo. Pero no es menos cierto que las tecnológicas están jugando sucio.

Puede que no sea un nombre muy conocido, pero pocas publicaciones han tenido el alcance y la potencial influencia en la política estadounidense como The Western Journal. Su cuantiosa audiencia ha eclipsado a muchas de las plataformas de noticias más grandes del país. Hablamos, según algunos medios, de más de 36 millones de personas de fuerte tendencia conservadora, que si bien consumen a diario su información no saben gran cosa sobre la compañía, ni sobre quién está detrás de ella.

En una investigación del New York Times, Nicholas Confessore y Justin Bank descubrieron que The Western Journal, dedicado a alimentar la indignación y a elaborar un relato donde los conservadores y sus valores son objeto de constantes ataques, está en el medio de un virulento enfrentamiento entre Silicon Valley y Washington. The Western Journal ha luchado por mantener su audiencia a través de los cambios algorítmicos de Facebook y Google destinados a reducir la desinformación, acciones que los líderes del medio ven como evidencia de sesgo político.

A continuación ofrecemos un resumen ejecutivo de los hallazgos y conclusiones de la investigación.

La publicación no hace casi ningún reportaje original, sino que selecciona, agrupa y edita historias que encuentran en otros lugares y que encajan en los discursos de la derecha. En su funcionamiento, el editor es el responsable de la selección de una historia adecuada para la transmisión de su mensaje, la envía a un grupo de escritores externos contratados que tienen un tiempo medio de 30 minutos para escribir una historia. La mayoría de estos grupos no trabajan por tanto en la redacción como tal.

En su sitio web de noticias y opiniones, los usuarios, nacionalistas conservadores, se encuentran con asaltos continuados de fanáticos anticristianos, migrantes enfermos y simpatizantes de Trump falsamente acusados de delitos de odio. También con artículos sobre un político mexicano que amenaza con la toma de posesión de varios estados americanos, oficiales de policía que son expulsados de un Starbucks en Arizona, o reportajes en profundidad sobre Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata que propone ayudas por 100 mil millones de dólares para familias negras.

A pesar de su creciente auge existe un manto de opacidad sobre The Western Journal. Aunque publica decenas de artículos cada semana sobre política nacional, la empresa no tiene redacción u oficina en Washington ni en otro lugar. De hecho, rara vez envía periodistas a eventos para recoger noticias de primera mano y hasta hace poco, algunos de sus escritores más prolíficos utilizaban seudónimos.

Este modelo funcionó sorprendentemente bien durante un tiempo. De marzo de 2016 a marzo de 2019, es decir, en tan solo tres años, las publicaciones del Western Journal en Facebook consiguieron 750 millones de acciones, likes y comentarios; casi tantos como el total sumado de 10 organizaciones de noticias líderes en Estados Unidos.

Pero los gigantes tecnológicos entraron en acción y comenzaron a limitar el alcance del medio. Google News lo incluyó en su lista negra al identificar prácticas empresariales engañosas, Apple News hizo lo mismo alegando que The Western Journal producía historias que promovían «puntos de vista rechazados abrumadoramente por la comunidad científica». Facebook rebajó su calificación después de que sus contenidos quedaran repetidamente en evidencia en los sitios de verificación de datos.

El fundador de The Western Journal, Floyd G. Brown, es un activista político que ha elegido las letras como arma. Comenzó su carrera con el diseño del anuncio oficial del candidato republicano Willie Horton durante la campaña presidencial de 1988. Los vídeos mostraban fotos de un condenado por asesinato de raza negra para avivar los temores de que el candidato demócrata, Michael Dukakis, fuera blando con el crimen. En la década de 1990, creó y vendió teorías de la conspiración sobre Bill Clinton e investigaciones para la oposición. En la década de 2000, ayudó a formar una red de comités de acción política que hicieron anuncios atacando a Barack Obama, incluidos los virales que presentaban a Obama como posible musulmán secreto. The Western Journal también tiene vínculos inusualmente estrechos con un PAC pro-Trump, America Fighting Back, del que Brown es presidente.

Los directivos del medio no aceptaron las explicaciones dadas por las tecnológicas sobre por qué la publicación había sido rebajada o suspendida, haciéndose eco de la queja común en los medios conservadores de que las big tech estaban contra ellos.

Con Patrick Brown, hijo del fundador, al frente comenzaron una serie de cambios para implementar prácticas de los medios de comunicación tradicionales. Lanzaron una página de correcciones y contrataron a editores del periodismo tradicional. Eliminaron miles de artículos antiguos, publicaron estándares editoriales y rebautizaron su ejército de páginas de Facebook para vincularlas a una sola marca. El resultado, aunque creciente, les ha dejado en un volumen de aproximadamente la mitad de su tamaño anterior. Pero además de la estrategia de contenidos, los Brown han anunciado el lanzamiento de una aplicación destinada a eludir la censura de las Big Tech.

Los esfuerzos de Silicon Valley por tomar medidas enérgicas contra las fake news y las campañas de desinformación han reducido el tráfico hacia The Western Journal. «Facebook ha decidido sacar del negocio a The Western Journal», escribió Floyd Brown en un correo electrónico en junio a los 1,6 millones de suscriptores del boletín informativo del sitio.

Incluso algunas figuras de la extrema derecha han sido expulsadas de medios sociales por violar las reglas contra la incitación al odio. Por su parte, políticos y activistas republicanos han alegado que las tecnológicas están censurando injustamente a la derecha, amenazando la capacidad de los conservadores para influir en la opinión pública y ganar las elecciones. El mismo Presidente Trump ha sido el principal impulsor de estos ataques a las tecnológicas. Aunque él y sus ayudantes atribuyeron una vez su victoria en 2016 al poder de Facebook y Twitter, ahora acusan rutinariamente a las mismas compañías de parcialidad. En el mes de julio, el presidente Trump organizó una «cumbre de medios sociales» en la que participaron activistas conservadores que afirman haber sido censurados por servicios online. Es más, la administración Trump está redactando una orden ejecutiva que impondría la supervisión federal de las políticas de moderación de contenidos de las plataformas, lo que supone un sorprendente alejamiento de décadas de ortodoxia desreguladora de los republicanos.

Por su parte, la empresa matriz del Western Journal contrató los servicios de un cabildero de Washington para mostrar su oposición a la censura digital. En su propio medio han ido publicando una serie de artículos y estudios internos que afirman que las nuevas normas de Silicon Valley han discriminado a los editores y políticos conservadores. Los Brown también han tratado de unirse a la cruzada del presidente Trump contra Sillicon Valley, enviando a Herman Cain, el antiguo candidato presidencial y destacado colaborador del Western Journal, como representante en la cumbre sobre social media celebrada de la Casa Blanca en el mes de julio. Un día antes del arranque de la cumbre, Facebook restauró la página principal de The Western Journal.

«Estamos comprometidos con la verdad», dijo Patrick Brown. «Somos gente de verdad. Somos una empresa de medios digitales», continuó. «No somos desinformación».

Tanto Facebook como Google han negado que censuren sistemáticamente las opiniones conservadoras. Muchos casos de supuesta censura han sido rastreados para identificar si el comportamiento de usuarios asociados a The Western Journal fue el desencadenante de las medidas tomadas por las redes sociales. En este sentido, el propio Facebook informó de la suspensión de la cuenta del director de social media de The Western Journal porque había sido identificada como un bot y en consecuencia se habían aplicado las medidas contra spam y suplantación de identidad pertinentes.

«Aplicamos nuestras políticas de forma enérgica, coherente y sin tener en cuenta las tendencias políticas percibidas de cualquier sitio», afirmó Maggie Shiels, portavoz de Google.

El 20 de agosto, se hicieron públicos los resultados preliminares de un informe encargado por Facebook al ex senador estadounidense Jon Kyl con el objetivo de revisar de forma externa las denuncias de censura. El informe, titulado «Covington Interim Report» concluye que

«las políticas de Facebook y su aplicación pueden restringir la libertad de expresión» y que, «dada la popularidad y ubicuidad de la plataforma, se trata de un peligro que debe tomarse muy en serio».

Facebook ha reconocido la importancia de nuestra evaluación y ha tomado algunas medidas para abordar las preocupaciones que hemos descubierto. Pero aún queda mucho trabajo por hacer para satisfacer las preocupaciones que hemos escuchado de los conservadores y, a medida que avancemos, seguiremos analizando los temas que más les preocupan.

Por su parte, Facebook dijo que haría más transparentes sus políticas de moderación de contenidos.

El debate sobre la censura pone de relieve el enorme poder de las plataformas tecnológicas y la opacidad, a veces desconcertante, con la que lo ejercen. Las políticas de actuación en constante evolución y los procedimientos secretos de aplicación de Silicon Valley determinan cómo fluyen las noticias a miles de millones de personas. El resultado es que los esfuerzos de adaptación de la industria han perturbado tanto las estrategias políticas como los modelos de negocio, especialmente para los conservadores.

Los sitios de noticias altamente partidistas de la derecha superan en número a los de la izquierda, según un recuento publicado el otoño pasado por la empresa de análisis NewsWhip. El estudio señala que los lectores conservadores dependen significativamente más de los sitios hiperpartidistas para obtener noticias que los liberales, pero eso no es esencialmente algo malo. El mismo estudio también señala que Facebook en sí mismo sigue siendo una fuente importante de noticias para los estadounidenses mayores, que serán el centro de la suerte electoral de los republicanos el próximo año.

Parece claro que la política editorial de The Western Journal es manipuladora, que sus contenidos son en exceso partidistas y que la ética periodística no es lo suyo. Pero no es menos cierto que las tecnológicas están jugando sucio, aplicando de forma arbitraria sus políticas de control de contenidos para perjudicar a este y otros medios, por la simple razón de que pertenecen al bando político contrario.

Debemos luchar contra la manipulación informativa, la desinformación y las fake news pero no puede ser a costa de vender nuestra alma al diablo y caer tan bajo como el rival. Debemos ponerlos en evidencia y buscar herramientas para que la maledicencia y la conspiración caigan por su propio peso, pero en cualquier caso, sin trampas.

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