Internet genera múltiples oportunidades de formación, información, desarrollo, expresión social e incluso participación ciudadana. Sin embargo, dentro de Internet se han desarrollado comportamientos negativos como el acoso virtual, la violencia verbal y simbólica, la discriminación y, cada vez más, el robo o el abuso sexual. Personas con discapacidad psíquica, personas mayores o migrantes enfrentan mayores dificultad para acceder de forma segura a los servicios digitales.
El proyecto PROLIFIC, PROmoting digital rights LIteracy For Including Citizens, tiene como objetivo empoderar a los grupos vulnerables (en concreto ancianos, inmigrantes y personas con discapacidad) sobre sus derechos digitales a través de la capacitación de los profesionales que trabajan con ellos en ONG, asociaciones o servicios sociales a través de la creación de contenidos y herramientas específicas.
Estos grupos tienen diferentes características, pero tienen en común una mayor vulnerabilidad a las consecuencias negativas del rápido desarrollo de la digitalización y las TIC, debido también a un menor nivel de competencias digitales. Aunque la renuncia voluntaria a la digitalización tiene que ser también un derecho, este proyecto parte de la convicción de que la tecnología puede ayudar a estos grupos vulnerables a vivir mejor, ser más autónomos y tener más y mejores oportunidades de proyección profesional, integración social, bienestar y aprendizaje.
Precisamente porque la tecnología es tan útil para estos colectivos tenemos que asegurarnos de que su inmersión –voluntaria- en el mundo digital debe cumplir todas las garantías respecto a la protección de sus derechos digitales. La solución, de nuevo, se encuentra en la formación y en la utilización de herramientas digitales adecuadas. Con este proyecto, tratamos de un paso importante para empezar a generar conciencia a escala europea, y crear herramientas para proteger a los grupos vulnerables de la estafa o la usurpación de identidad, el acoso y el grooming o el abuso de poder de las empresas, y para luchar contra la difusión de mensajes extremistas, discriminatorios, racistas, xenófobos, antisemitas, homófobos o sexistas. Para ello, estamos desarrollando una plataforma tecnológica que permitirá personalizar itinerarios y materiales formativos en base al idioma de los destinatarios, sus habilidades previas en el mundo digital y las vulnerabilidades propias de su condición.
La creación del consorcio europeo que lleva a cabo este proyecto se basa en la comprensión común de lo importante que es hoy en día apoyar a los grupos vulnerables para que puedan utilizar la tecnología e Internet como oportunidades de formación, información, desarrollo, expresión social y participación ciudadana, evitando ser engañados, acosados o discriminados.
«Las personas con discapacidad psíquica se convierten fácilmente en víctimas de acoso, delitos de odio e incluso abuso sexual en Internet»
Ignacio Torreblanca
Los resultados de un estudio de diagnóstico de las necesidades y carencias de los grupos vulnerables muestra, por ejemplo, que las personas con discapacidad psíquica, que obtienen grandes beneficios de las facilidades que Internet ofrece para el ocio y la socialización, se convierten fácilmente en víctimas de acoso, delitos de odio e incluso abuso sexual en Internet.
Las personas mayores son habitualmente excluidas de servicios básicos, como la banca, por su falta de competencias digitales y también son víctimas fáciles para ciberestafadores de distinto tipo.
Los inmigrantes, por su parte, caen fácilmente en ciberestafas relacionadas con falsas ofertas de trabajo y tiendas falsas así como en la desinformación.
El proyecto PROLIFIC, PROmoting digital rights LIteracy For Including Citizens coordinado por el instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia, tiene como socios a la Fundación Instituto Hermes (España), Margherita Societa’ Cooperativa Sociale Onlus (Italia), Senior Europa Sociedad Limitada – Kveloce (España) y Fundação Dr. José Lourenço Júnior (Portugal).
PROLIFIC Está financiado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+.
Una perspectiva humanista al servicio del progreso digital para la mayoría
Artículo de Carme Artigas para el Instituto Hermes
La perspectiva ética y humanista es la piedra angular de una digitalización democrática, sostenible y al servicio del progreso y la justicia social. El nuevo paradigma económico, político, social y cultural que la revolución tecnológica ha impulsado de manera determinante conlleva enormes implicaciones a todos los niveles que ya están impactando de forma decisiva en nuestras vidas. Un escenario único, en el que los cambios generados a partir de un desarrollo tecnológico sin precedentes están abriendo a gran velocidad procesos transformadores esenciales para nuestro futuro a corto, medio y largo plazo.
Un desafío clave que exige una respuesta a la altura por parte de todos que nos permita avanzar hacia una evolución de la transformación digital orientada a poner la tecnología al servicio del bienestar social y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España
Un desafío clave que exige una respuesta a la altura por parte de todos que nos permita avanzar hacia una evolución de la transformación digital orientada a poner la tecnología al servicio del bienestar social y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. A través de un enfoque global que entienda el desarrollo tecnológico como una oportunidad para profundizar en el diseño de un modelo más inclusivo, sostenible e igualitario aprovechando las enormes posibilidades de progreso económico y social de tecnologías disruptivas con potencial para proyectar un sistema más justo y mejor.
Desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial entendemos el humanismo tecnológico como una piedra angular de la transformación digital y del proyecto de país que queremos para España. Una prioridad que impregna todos y cada uno de los planes y medidas puestas en marcha como parte del despliegue de la agenda España Digital 2025, la hoja de ruta de nuestro país para la digitalización, así como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tenemos una visión clara sobre hacia dónde queremos dirigir las trascendentales reformas que estamos afrontando para la construcción durante la próxima década de la España verde y digital que vertebra nuestro proyecto de recuperación. Y que parte de una máxima: la tecnología la hacemos las personas, y somos cada uno de nosotros los que estamos diseñando el mundo digital que está marcando el presente y construirá el futuro más inmediato de nuestra sociedad.
El impacto de la pandemia ha supuesto un factor catártico decisivo en el impulso definitivo de muchos procesos vinculados a la digitalización que se han visto acelerados de una manera totalmente impensable hasta hace tan solo unos años. La revolución digital es hoy más que nunca una realidad con implicaciones clave en cualquier proyecto con vocación de generar transformaciones permanentes y verdaderamente relevantes en el devenir de un progreso digital para la mayoría.
Estamos tan solo al inicio de una nueva era digital a raíz de la que ya estamos comenzando a ver cambios absolutamente decisivos desde el prisma del progreso social, cultural y económico, que sin duda van a ser clave en el desarrollo de esta década a nivel político y geoestratégico. Las reglas han cambiado, y con ello la necesidad de establecer nuevos equilibrios de poder y de avanzar hacia un modelo de soberanía acorde a las exigencias de un escenario global que ya nunca volverá a ser el mismo.
España contempla entre sus grandes objetivos a medio y largo plazo el ser un actor principal en avance hacia una soberanía digital europea que consolide la posición de Europa como eje clave en el nuevo escenario global. Una soberanía a la que queremos seguir contribuyendo como país desde nuestra perspectiva nacional a través del desarrollo de una soberanía de datos a nivel europeo.
Desde el Gobierno de España tenemos la firme disposición de trabajar en la generación de nuevos espacios de datos, garantizando que sean interoperables, seguros y orientados a la privacidad. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia una soberanía digital que nos permita establecer una regulación acorde con los valores y principios europeos, y en línea con la perspectiva ética y humanista que propone España.
La digitalización humanista supone así una línea de actuación vertebral y estratégica a la hora de afrontar las complejidades de este nuevo contexto global. Una perspectiva innovadora que entendemos como un factor diferencial del proyecto de transformación digital a nivel europeo. Y que, asimismo, tenemos el compromiso de trasladar en nuestra relación con Iberoamérica y al trabajo conjunto que se viene realizando por continuar fortaleciendo los lazos que nos unen a los dos lados del Atlántico, fundamentalmente a través del impulso del potencial de la lengua española en ámbitos disruptivos como la IA.
La ambición por alcanzar estos objetivos de soberanía marca una línea estratégica que los Gobiernos tenemos la responsabilidad de desarrollar garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y los valores democráticos que guían nuestras sociedades. Una senda que desde el Gobierno de España tenemos el objetivo de encabezar, con la puesta en marcha de un proyecto pionero e innovador como es la elaboración de la Carta de Derechos Digitales.
Esta iniciativa, clave en para el desarrollo de una digitalización humanista y con perspectiva social que queremos para España, aspira a ofrecer un marco normativo para abordar los retos que en materia ética, social y legislativa implican estas transformaciones. Un paso adelante en la creación de un entorno seguro, confiable y garantista con los derechos y valores democráticos de nuestra sociedad que apuesta por una digitalización que anteponga los derechos digitales de los ciudadanos como forma de entender el progreso tecnológico.
Gracias a la elaboración de esta Carta de Derechos Digitales, España se posiciona a la cabeza a nivel global en la actualización de derechos. En el reto de trasladar los importantes derechos que tanto nos ha costado conquistar en el mundo analógico a las nuevas circunstancias de la realidad digital que está transformando nuestras vidas y la forma de entender el mundo que nos rodea e interactuar con él.
Para ello, esta carta, de carácter eminentemente descriptivo y prospectivo, identifica seis principales categorías de derechos. Entre ellos, hemos querido destacar los derechos de libertad, derechos de igualdad, de participación y conformación del espacio público, derechos en el entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos y derechos de garantías y eficacia.
Una serie de ámbitos en los que una regulación integral y garantista va a ser determinante en el devenir de sociedades digitales más justas e inclusivas. Y cuyo reconocimiento, gracias a la gran labor de un Grupo de Expertos y Expertas constituido para la ocasión y de las aportaciones de los ciudadanos, nos sitúan como país en una posición pionera de liderazgo y compromiso con el desarrollo humanista de la tecnología.
Actualizando derechos e incluyendo nuevas categorías necesarias en la nueva realidad digital en la que vivimos. Una Carta que, además de su plena vinculación con la Declaración de Derechos de la Ciudadanía, se convierte en un elemento clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Concordancias y sinergias que son dos caras de la misma moneda: la de orientar todo el potencial de lo digital al servicio del progreso, la sostenibilidad, la igualdad y el bienestar de la sociedad.
Un futuro ilusionante que afrontamos con la ambición de abordar una transformación digital de referencia y con impacto en la realidad social y económica de nuestro país. De orientar todo el potencial del desarrollo tecnológico hacia la construcción de estructuras y dinámicas favorables al progreso social, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.
Un desafío histórico por situar los enormes avances de la tecnología y la ciencia en un plano humano y de desarrollo social, que entienda la digitalización como un vector de transformación que nos permita encauzar las oportunidades de un contexto sin precedentes que tenemos el compromiso de poner al servicio de la mayoría social.
El Estado del Bienestar del siglo XXI se escribe en clave digital. La reforma de las estructuras de nuestro modelo productivo, educativo, económico y social deben de encaminarse a un objetivo prioritario: acabar con las brechas digitales que lastran nuestra competitividad y nos convierten en un país más injusto y peor.
La perspectiva ética y humanística de esta Carta debe ser la base para el avance hacia una digitalización destinada a poner la tecnología al servicio de los colectivos más vulnerables y expuestos a los riesgos e incertidumbre del desarrollo de la tecnología. Una digitalización de ahonde en los derechos y libertades sobre los que queremos construir una sociedad digital diseñada por y para todos y todas.
¿Por qué las empresas deberían publicar un Manifiesto sobre su política de datos?
Los datos agregados se han convertido en una materia prima más de la nueva economía y en una materia valiosa social y empresarialmente. La Comisión Europea estima que los datos generados por los europeos podrían producir un aumento del PIB de 500 mil millones de euros. Para que esta previsión se haga realidad necesitamos grandes proyectos de Inteligencia Artificial y Big Data, pero sobre todo necesitamos que la extracción de la materia prima, los datos, se realice con las máximas garantías y transparencia para los ciudadanos.
La Unión Europea quiere ser competitiva en este mercado y trabaja por ello, pero también tiene claro que si vamos a utilizar datos generados por los ciudadanos masivamente se debe hacer bajo un cumplimiento estricto de las leyes de protección de datos y de la privacidad del usuario.
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo fue traspuesto en España en la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Todos los expertos afirman que se trata de una ley exigente que protege adecuadamente los derechos de los ciudadanos y que es mayoritariamente respetada.
Sin embargo, el uso de los datos por parte de las empresas se ha convertido en un tema espinoso en los últimos años. Los escándalos protagonizados por las grandes tecnológicas norteamericanas, entre las que más datos explotan del mundo, han hecho crecer como la espuma la desconfianza ciudadana hacia las prácticas empresariales.
Todos hemos recibido llamadas comerciales de empresas que no tendrían que tener nuestro número; muchos hemos abierto una nueva cuenta bancaria y hemos descubierto que la entidad ya tiene nuestros datos, porque habíamos sido clientes años atrás y esa información no fue eliminada; periódicamente, vemos en la prensa cómo miles de datos personales son robados porque una empresa no tenía el software actualizado o no tomó las medidas de seguridad necesarias.
Pero también somos conscientes de que gracias al uso de los datos cada día los consumidores accedemos a nuevos productos y servicios, mejores y más personalizados, la investigación en medicina, en energía y sostenibilidad avanza a mayor velocidad y muchos procesos en la administración, en nuestra compras y viajes son más rápidos y eficaces.
Hasta ahora la respuesta suele ser «más regulación», lo que significa también más restricciones a la innovación y a la competencia, más vigilancia y más burocracia.
Pero si hay algo que ha demostrado poder transformar y mejorar el comportamiento empresarial es el consumo informado y la transparencia dejando al ciudadano decidir. Si el ciudadano sabe que una empresa hace las cosas mejor que otra respecto a un tema sensible, la tendencia de consumo se moverá hacia aquellas empresas que lo hagan mejor, y el sector como un todo comenzará a competir por satisfacer a unos clientes que responden al esfuerzo. Así ha ocurrido produciendo importantes avances en temas como la sostenibilidad o la diversidad en las empresas.
Partiendo de esta reflexión y conscientes de la importancia estratégica que tienen los datos para el desarrollo de nuevos servicios, el Instituto Hermes promueve que las empresas hagan público un Manifiesto que resuma de forma comprensible y comparable su estrategia en el uso que hacen de los datos de sus clientes, proveedores y usuarios.
Se trata de un formato digital estándar en el que las empresas podrán declarar y detallar su política de datos más allá del cumplimiento esperable de la Ley. El formato, igual para todas, nos permitirá compararlas de manera automatizada, dando herramientas gráficas y sencillas al consumidor para informarse de un vistazo sobre aquellos temas relacionados con sus datos que le preocupen.
De esta forma, el conocimiento del consumidor, el paciente o el ciudadano (la administración es un gran consumidor de datos) sobre los compromisos de las organizaciones con las que se relacione, sobre lo que harán o no harán con los datos que de nosotros manejan, podrá tomar decisiones más informadas como ya lo hace al conocer la información financiera, de sostenibilidad o de diversidad. El simple acto de transparentar lo que las empresas hacen con los datos supondrá una importante mejora para toda la sociedad.
Esta herramienta está concebida como un servicio de divulgación para explicar la filosofía, políticas y compromisos de las empresas. Estas colgarán en su sitio web o en repositorios públicos un archivo —que podrán generar online— en el que detallarán su estrategia de datos, declarando aquello a lo que se comprometen a hacer o a no hacer con los datos que recopilan de sus clientes. La información incluirá detalles sobre operativa, seguridad, comunicación y procesos. Las empresas podrán, además, actualizar la información cuando introduzcan alguna mejora sin tener que comunicárselo ni pedir permiso a nadie, porque al sistema de comparación y análisis automatizado le basta con saber dónde reside el manifiesto de cada empresa.
El Instituto Hermes, verificará y homologará la información facilitada para asegurar que reúne las condiciones y requisitos suficientes para cumplir con los objetivos marcados de transparencia y divulgación, mantendrá las herramientas de análisis y cada usuario podrá utilizarlas de manera intuitiva en tiempo real en una webapp específica, trabajando siempre con la información actualizada al minuto.
De ese modo puede acceder en tiempo real a las políticas, estrategias y compromisos de la empresa y en base a ello tomar decisiones de consumo. El Manifiesto Hermes es una herramienta viva, y de actualización periódica que facilita a los consumidores y stakeholders conocer, entender y monitorizar cómo gestiona y utiliza una organización los datos que recaba a través de su actividad. El objetivo es convertir la política y estrategia en el uso del dato en un arma de diferenciación y posicionamiento para las empresas para dar transparencia al mercado sobre el uso de los datos, acabar con la desconfianza infundada y promover que las empresas compitan entre sí por desarrollar los derechos digitales de los ciudadanos.
