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El proyecto para la Espa帽a despoblada del Instituto Hermes en colaboraci贸n con las empresas vertebradoras del territorio

La Fundaci贸n Instituto Hermes se encuentra en la recta final de uno de sus proyectos m谩s importantes: el grupo de trabajo 芦Interconectividad, log铆stica y ciudadan铆a digital禄 que parte de la premisa de que si igualamos los derechos digitales, igualamos las oportunidades. As铆, podemos utilizar la identificaci贸n, difusi贸n y defensa de los derechos digitales como motor para revertir la despoblaci贸n en las zonas rurales.

Para llevar a cabo este reto, contamos con la colaboraci贸n de Correos como socio principal y coordinador de los trabajos, y la participaci贸n de Red El茅ctrica Espa帽ola y Renfe.

Contexto

Correos
Oficina de Correos en Torrej贸n de Velasco

La convergencia del despliegue de una estrategia de digitalizaci贸n basada en derechos y de los planes de transici贸n ecol贸gica, es la clave fundamental para enfrentar y revertir el declive de la Espa帽a interior.

Toda estrategia debe tomar como ariete el desarrollo conjunto de conectividad, movilidad y log铆stica. Hay una transformaci贸n en marcha de las infraestructuras y sobre todo, una nueva forma de entender las infraestructuras, que aparece ligada al desarrollo de derechos ciudadanos. Ellas son las nuevas claves del desarrollo.

Estas infraestructuras, que representan la materialidad de los nuevos derechos ciudadanos, est谩n vinculadas a un tipo particular de sujetos: empresas de servicio p煤blico cuya historia ha estado tradicionalmente ligada a la ampliaci贸n de derechos ante cambios tecnol贸gicos profundos (transportes, comunicaciones, electrificaci贸n, etc.).

En 2020, el a帽o de la pandemia, la experiencia de los confinamientos -especialmente en el mundo PYME- hizo evidente que la log铆stica es los pies y las manos de la digitalizaci贸n. Mientras, el arranque del Pacto Verde abr铆a la oportunidad de impulsar el marco de la transici贸n energ茅tica.

Renfe
Bustio

La nueva manera de mirar el territorio que surgi贸 de los debates entre el Instituto Hermes y Correos evidenci贸 la oportunidad de pensar en una l贸gica de colaboraci贸n entre ciudades, superadora de cualquier dial茅ctica de confrontaci贸n entre territorios.

El v铆nculo entre infraestructuras de transporte, digitalizaci贸n y derechos nos permiti贸, por ejemplo, imaginar la red de ciudades del AVE como columna vertebral de la digitalizaci贸n, detonante de una repoblaci贸n sustentada en una reindustrializaci贸n distribuida, digital y verde. Al mismo tiempo que se expand铆an de forma efectiva los derechos de ciudadan铆a digital.

De esta reflexi贸n estrat茅gica surgi贸 la propuesta de Zonas de Urgente Digitalizaci贸n y como consecuencia suya la necesidad de medir el impacto en derechos digitales de los proyectos estrat茅gicos ligados a la digitalizaci贸n.

A lo largo de este a帽o, hemos llevado a cabo una nueva fase de trabajos con el objetivo de presentar a las Administraciones P煤blicas 10 propuestas aplicables para combatir la despoblaci贸n partiendo del poder transformador y de desarrollo de la materializaci贸n de los nuevos derechos digitales.

Esta fase fue dividida en cinco sesiones de debate:

  1. Derecho a la conectividad y la asequibilidad universal
  2. Derecho al Trabajo digital y a la Asociaci贸n y desarrollo social por medios digitales
  3. Derecho a la Alfabetizaci贸n y el desarrollo cultural econ贸mico
  4. La log铆stica y el desarrollo de pol铆ticas activas para el desarrollo cultural y econ贸mico digital
  5. Discusi贸n del resumen de propuestas y aprobaci贸n del documento final de conclusiones

1. Derecho a la conectividad y la asequibilidad universal

Es el punto de partida: para responder al reto demogr谩fico es necesario garantizar una conexi贸n universal con anchos de banda que permitan la digitalizaci贸n efectiva del trabajo y los consumos culturales. Adem谩s, el acceso a la conexi贸n de los ciudadanos tiene que ofrecerse en las mismas condiciones econ贸micas en todo el territorio. Todo lo dem谩s significar铆a discriminaci贸n.

En esta sesi贸n se debatieron posibles propuestas de reforma legislativa e iniciativas pol铆ticas concurrentes a hacer efectivo este derecho, y la aplicabilidad y oportunidad de f贸rmulas y conceptos como el 芦servicio universal禄 o los servicios de 芦inter茅s econ贸mico general禄, as铆 como las v铆as de impulso de la 芦iluminaci贸n禄 y ampliaci贸n de las redes de fibra en manos de las Administraciones p煤blicas para llegar a la poblaci贸n rural.

2. Derecho al Trabajo digital y a la Asociaci贸n y desarrollo social por medios digitales

El derecho al trabajo digital es hoy un horizonte en espera de la ampliaci贸n y el desarrollo de un mercado del trabajo digital -no solo del teletrabajo- que en Espa帽a apenas existe fuera de las grandes ciudades. Desde nuestro punto de vista el desarrollo de este derecho y este mercado es la clave fundamental para una nueva industrializaci贸n sostenible en la Espa帽a rural.

Seg煤n nuestros c谩lculos m谩s de un mill贸n de personas que se desarrollan profesionalmente en el 谩mbito de los servicios avanzados consideran o han considerado la posibilidad de instalarse en zonas rurales ante las nuevas posibilidades de teletrabajo. Otros 谩mbitos, desde el emprendimiento digital al telemarketing, desde el periodismo a la administraci贸n de negocios o los servicios educativos digitalizados, esperan todav铆a su oportunidad.

Red El茅ctrica de Espa帽a

Tanto la transici贸n ecol贸gica como la transici贸n digital requieren de un fuerte pilar de participaci贸n ciudadana. El 茅xito de las cooperativas de energ铆a, hoy en transici贸n hacia Comunidades Energ茅ticas Locales (CEL), nos da un modelo de desarrollo para la digitalizaci贸n 芦desde abajo禄. Es fundamental este impulso ciudadano en cuestiones b谩sicas como la creaci贸n de un mercado de trabajo digital y el desarrollo de la alfabetizaci贸n y la cultura digital.

En esta sesi贸n debatimos propuestas presentadas con anterioridad como las Cooperativas de Trabajo Digital o el Estatuto del Trabajador Digital.

3. Derecho a la Alfabetizaci贸n y el desarrollo cultural econ贸mico

La alfabetizaci贸n digital ha de ir mucho m谩s all谩 del manejo de herramientas b谩sicas (tal y como se entendi贸 generalmente hasta ahora en Espa帽a). Es necesario dar la oportunidad de desarrollar competencias de todo tipo a trav茅s de la formaci贸n en 芦cultura digital禄 m谩s que alfabetizaci贸n digital: desde los conocimientos para digitalizar la actividad laboral y profesional hasta la posibilidad de defender la integridad personal frente abusos y agresiones.

Las propuestas previas a debatir en este punto son la creaci贸n de un programa de 芦Misiones pedag贸gicas digitales禄 y la creaci贸n de 芦Zonas de Urgente Digitalizaci贸n禄 (ZUD) como zonas prioritarias para la inversi贸n p煤blica, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y la acci贸n social.

4. La log铆stica y el desarrollo de pol铆ticas activas para el desarrollo cultural y econ贸mico digital

En esta 煤ltima sesi贸n sobre medidas, debatiremos pol铆ticas y programas tendentes a dotar de piernas a la digitalizaci贸n mediante el desarrollo log铆stico verde de la Espa帽a menos poblada y el desarrollo de la industria digital. Como punto de partida, una 芦red de ciudades del AVE禄 puede ser el gran conector de las ZUD en un rango de 80km a la redonda de cada uno de sus integrantes, sirviendo a la transversalizaci贸n de pol铆ticas activas, la dinamizaci贸n cultural y social y las pol铆ticas de emprendimiento, y sirviendo de paso para comprometer a los grandes centros urbanos y sus elementos m谩s din谩micos en la nueva industrializaci贸n digital y sostenible.

Jos茅 Luis Pi帽ar Ma帽as. Catedr谩tico de Derecho Administrativo. Patrono de la Fundaci贸n Instituto Hermes

El pasado 14 de julio, el presidente del Gobierno present贸 en la Moncloa la Carta de Derechos Digitales y afirm贸 que con ello 芦Espa帽a se sit煤a a la vanguardia internacional en la protecci贸n de derechos de la ciudadan铆a禄. 驴Es realmente as铆, teniendo en cuenta que la Carta carece de valor normativo, que tan s贸lo es un documento program谩tico que pretende recoger en un texto los derechos fundamentales que deber铆an en todo caso ser reconocidos en la sociedad digital?

Desde luego, la protecci贸n efectiva de los derechos s贸lo se alcanza cuando se reconocen de forma vinculante y se articulan garant铆as para hacerlos valer y defenderse frente a los ataques que puedan sufrir. Algo que la Carta, por s铆 sola, no hace. Entonces, 驴por qu茅 una Carta de Derechos Digitales?

Decir que la innovaci贸n tecnol贸gica trae consigo inimaginables avances para la sociedad pero que al mismo tiempo genera riesgos dif铆ciles o imposibles de predecir es algo ya muy manido, pero cierto. Tambi茅n suele decirse que el derecho es incapaz de enfrentarse de antemano a tales riesgos, respecto de los que siempre parece ir a la zaga. Seguramente algo de cierto hay tambi茅n en ello, pero esta situaci贸n no deber铆a generarnos sensaciones de zozobra. El derecho se ha enfrentado a situaciones tan complejas, intensas, disruptivas, como las que ahora trae consigo el reto de la transformaci贸n digital. Y lo ha hecho con 茅xito. Basta pensar en lo que supuso el descubrimiento de Am茅rica, la Revoluci贸n francesa o la ca铆da del Muro de Berl铆n. O las revoluciones industriales que se han producido antes de la que ahora llamamos cuarta. Lo que ocurre es que ahora parece que los cambios son m谩s r谩pidos, los escenarios m谩s inciertos, el entorno muy diferente al que hasta ahora conoc铆a la sociedad. Y el derecho se resiente. Pero no se rinde. As铆 como evoluciona la ciencia, tambi茅n el derecho busca nuevas soluciones y se adapta al nuevo entorno. La regulaci贸n, las garant铆as y la efectividad de las normas deben reinventarse para conseguir el objetivo final, que no es otro que el pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.

Y en este contexto la Carta de Derechos Digitales encuentra su justificaci贸n, pues de entrada se presenta como marco imprescindible para futuras leyes. El compromiso asumido por el presidente del Gobierno al presentar la Carta debe traducirse en que cualquier iniciativa legislativa deber铆a superar el juicio de compatibilidad en relaci贸n con el compromiso que supone la Carta. Compromiso que debe entenderse exigible no solo al actual Gobierno, pues la Carta tuvo ya un precedente en la iniciativa que se puso en marcha por el anterior en 2017 y que por cuestiones de calendarios electorales no lleg贸 a ver la luz. Es algo que no debe olvidarse porque de este modo la Carta 鈥攅n cuya elaboraci贸n, por cierto, se han tenido en cuenta las aportaciones de la sociedad civil鈥 puede ser considerada como hoja de ruta para la gran mayor铆a de los grupos pol铆ticos con representaci贸n parlamentaria. Estamos, pues, ante un texto que debe entenderse como una conquista en favor de los ciudadanos, a la que deben sentirse pol铆ticamente vinculados quienes tienen en sus manos la llave de la iniciativa legislativa.

Esta conclusi贸n es de enorme trascendencia porque al aprobarse la Carta se han puesto las bases de lo que debe ser el respeto a los derechos fundamentales en el desarrollo actual y futuro de la sociedad digital.

Cierto que la Constituci贸n de 1978 puede ser interpretada de modo que permite entender reconocidos y tutelados los derechos fundamentales tanto en el entorno f铆sico como en el digital. Pero era necesario resaltar la importancia de los derechos digitales sobre todo si se tiene en cuenta que, especialmente los j贸venes, cada vez m谩s, no es que vivan 芦con禄 Internet, sino que viven tambi茅n 芦en禄 Internet. La red 鈥攍o digital鈥 se ha convertido en un espacio vital cotidiano, en el que las personas nos relacionamos e interactuamos. Es un espacio en el que, adem谩s, se dan al menos dos circunstancias que no debemos olvidar.

Por un lado, y esto es esencial, la violaci贸n de los derechos en el entorno digital puede llegar a pasar totalmente desapercibida para quien la padece. Si sufrimos cualquier ataque a nuestros derechos en la vida f铆sica, de inmediato somos conscientes de ello y podemos reaccionar. Si nos impiden ejercer la libertad de expresi贸n, manifestarnos, si nos privan de la libertad o de la propiedad, por modesto que sea el bien que nos sustraigan, de inmediato podemos caer en la cuenta de ello.

Pero si en el entorno digital nos acechan, nos vigilan, nos roban los datos o la identidad entera, nos manipulan o perfilan il铆citamente, quiz谩 nunca lleguemos a ser conscientes de ello, o lo seamos s贸lo cuando se produzcan las consecuencias nocivas para nosotros derivadas de esa violaci贸n de los derechos: cuando no contraten a alguien porque han estado escudri帽ando sus redes sociales, cuando no podamos utilizar nuestra tarjeta de cr茅dito porque nos han robado los datos, cuando se hacen p煤blicas unas im谩genes comprometedoras que pueden suponer la muerte civil o incluso la real de las personas. No ser铆a la primera vez que una persona se suicida tras hacerse p煤blicas im谩genes sobre ella captadas 鈥攐 difundidas鈥 sin su consentimiento. Zygmunt Bauman y David Lyon han hablado con raz贸n de la 芦vigilancia l铆quida禄 a la que estamos sometidos, y las graves consecuencias que ello tiene.

Por otro lado, y quiz谩 como consecuencia de la falta de conciencia sobre la posible y nefasta violaci贸n de nuestros derechos, las cautelas que se toman en el entorno digital son muy inferiores a las que tomamos en la vida f铆sica. En la sociedad digital no cerramos las puertas con llave ni usamos cintur贸n de seguridad o airbag. Byung-Chul Han ha advertido que con frecuencia son las propias personas las que divulgan de un modo 芦cuasi pornogr谩fico禄 su propia informaci贸n.

Ya s贸lo lo anterior justifica la aprobaci贸n de una Carta de Derechos Digitales, pese a carecer de valor normativo. En efecto, Espa帽a se sit煤a a la cabeza de la reflexi贸n y el compromiso p煤blico con los derechos digitales. El debate generado con este motivo permite colocar en el centro de atenci贸n la necesidad de respetar los derechos digitales. Con propuestas sin duda pioneras, como el reconocimiento de la identidad digital, de los neuroderechos (en lo que tanto tiene que ver a nivel mundial el cient铆fico espa帽ol Rafael Yuste), el derecho de acceso a Internet, el derecho al teletrabajo y a la desconexi贸n (ya propuesto en la Ley Org谩nica 3/2018), o la exigencia de que los sistemas de inteligencia artificial respeten en todo momento los derechos fundamentales. Y todo ello centrado en la persona y su dignidad. Stefano Rodot脿 ha advertido que

芦la dignidad鈥 evita que la persona sea considerada como una especie de explotaci贸n a cielo abierto en la que cualquiera puede recoger informaci贸n y construir perfiles鈥 que convierten a la persona en objeto de poderes externos, que pueden falsificarla, construirla de formas coherentes con las necesidades de una sociedad vigilada, de la selecci贸n social, del c谩lculo econ贸mico禄

Para ello es imprescindible exigir que en el entorno digital los derechos sean plenamente respetados. Ninguna innovaci贸n tecnol贸gica es posible sin derechos fundamentales. No se trata de poner puertas al campo, sino de recordar que la ciencia y el derecho, sobre todo en la sociedad digital, han de ir siempre de la mano. Y en ese recorrido com煤n la Carta de Derechos Digitales puede y debe asumir un papel capital. No lo olvidemos.

Internet ha mejorado indudablemente nuestras opciones de formaci贸n, informaci贸n, desarrollo econ贸mico y expresi贸n social. Sin embargo, Internet tambi茅n ha tra铆do consigo comportamientos antisociales, acoso virtual, violencia verbal y simb贸lica, intoxicaci贸n informativa, abuso de poder y conductas delictivas que han contribuido a sacudir la sociedad y legitimar los extremismos antidemocr谩ticos.

Las respuestas, por ahora, son todav铆a aisladas y muy incipientes. Nuestra mejor baza es la formaci贸n y la sensibilizaci贸n sobre los derechos de ciudadan铆a digital.

Con este objetivo, PROLIFIC se propone empoderar a los colectivos m谩s vulnerables a trav茅s de la concienciaci贸n sobre sus derechos de ciudadan铆a digital dotando de herramientas a los profesionales que trabajan con ellos en ONG, asociaciones, servicios sociales, etc.

Algunos de los temas que aborda PROLIFIC son: Qu茅 comportamientos adoptar en la red para evitar ser estafado o que nuestra identidad sea robada, c贸mo actuar ante calumnias sistem谩ticas lanzadas desde el anonimato, c贸mo protegernos del acoso, el bullyin y el grooming o el phishing, c贸mo luchar contra la propagaci贸n de mensajes extremistas o discriminatorios, qu茅 hacer en el caso de sufrir uno, c贸mo actuar en caso de abuso de poder por parte de una empresa o c贸mo impedir que las fake news envenenen nuestras sociedades.

Hemos elegido a los colectivos m谩s vulnerables como destinatarios del programa porque ellos tienen a煤n menos herramientas para enfrentarse a este tipo de amenazas, ya sea por aislamiento social, nivel formativo, nivel de conocimiento del idioma o la falta de un entorno familiar y comunitario de soporte.

El Instituto Hermes, en asociaci贸n con el Instituto de Investigaci贸n Polibienestar de la Universidad de Valencia, con la Margherita Societa鈥 Cooperativa Sociale Onlus (Italia), la Funda莽茫o Dr. Jos茅 Louren莽o J煤nior (Portugal) y Senior Europa S.L. 鈥 Kveloce (Espa帽a) estamos trabajando en un proyecto de formaci贸n para profesionales que trabajan con estos colectivos vulnerables para aumentar la conciencia sobre los derechos digitales de todos pero en especial de los m谩s desprotegidos.

Para Hermes, el 茅xito en esta convocatoria supone, por un lado, un reconocimiento a su labor y, por otro, elevar nuestra misi贸n a escala europea, algo esencial cuando hablamos de un 谩mbito sin fronteras como el digital.

PROLIFIC, PROmoting digital rights LIteracy For Including Citizens, Erasmus Plus KA2 – 2020-1-ES01-KA204-082419) es un proyecto con financiaci贸n del programa Europeo Erasmus +.

El 10 de marzo de 2021 tuvo lugar de forma virtual la reuni贸n de lanzamiento del proyecto PROLIFIC, PROmoting digital rights LIteracy For Including Citizens coordinado por el instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia y los socios Fundaci贸n Instituto Hermes para el empoderamiento de la ciudadan铆a (Espa帽a), Margherita Societa’ Cooperativa Sociale Onlus (Italia), Senior Europa Sociedad Limitada – Kveloce (Espa帽a) y Funda莽茫o Dr. Jos茅 Louren莽o J煤nior (Portugal).

Todos los socios participaron en el evento para debatir y planificar la puesta en marcha del proyecto que tiene como objetivo empoderar a los grupos de personas vulnerables (ancianos, inmigrantes y personas con discapacidad) sobre sus derechos digitales a trav茅s de la capacitaci贸n de los profesionales que trabajan con ellos en ONG, asociaciones, servicios sociales, etc. y la creaci贸n y validaci贸n de herramientas espec铆ficas.

Se trata de un paso importante para empezar a generar conciencia y crear herramientas para proteger a los grupos vulnerables de la estafa o la usurpaci贸n de identidad, el acoso y el grooming, la suplantaci贸n de identidad o el abuso de poder de las empresas, y para luchar contra la difusi贸n de mensajes extremistas, discriminatorios, racistas, xen贸fobos, antisemitas, hom贸fobos o sexistas.

Imagen: Gerarlt

El papel de los socios

  • La Universitat de Valencia – Instituto Polibienestar (Espa帽a) es el socio principal del proyecto y ser谩 quien promueva la coordinaci贸n del consorcio. Adem谩s, est谩 a cargo del desarrollo del marco de evaluaci贸n para medir los impactos del proyecto y las actividades relacionadas.
  • La Fundaci贸n Instituto Hermes para el empoderamiento de la ciudadan铆a (Espa帽a) lidera el desarrollo de la creaci贸n de un software (plataforma web) que personaliza un curr铆culo de formaci贸n para que los profesionales que trabajan con grupos vulnerables tengan las competencias adecuadas para promover los derechos digitales y prevenir su vulneraci贸n.
  • Margherita Societa’ Cooperativa Sociale Onlus (Italia) se encarga de las actividades de comunicaci贸n y difusi贸n, pero tambi茅n participar谩 en la prueba de las nuevas herramientas de formaci贸n en el 谩mbito de la discapacidad.
  • Senior Europa Sociedad Limitada – Kveloce (Espa帽a) es responsable del control de calidad de las actividades y los resultados.
  • La Funda莽茫o Dr. Jos茅 Louren莽o J煤nior (Portugal) se encarga de realizar actividades piloto con personas mayores y con profesionales que trabajan con este grupo vulnerable.
Imagen: Gerarlt

Pr贸ximos pasos


Los socios, durante la reuni贸n, debatieron sobre la gesti贸n del proyecto y acordaron comenzar con el desarrollo del primer resultado: un software (plataforma web) que personaliza un curr铆culo de formaci贸n para profesionales, educadores y voluntarios para favorecer el empoderamiento de los derechos digitales de los grupos vulnerables.

Todo el trabajo se basar谩 en la comprensi贸n com煤n de lo importante que es hoy en d铆a apoyar a los grupos vulnerables para que puedan utilizar la tecnolog铆a e Internet como oportunidades de formaci贸n, informaci贸n, desarrollo, expresi贸n social y participaci贸n ciudadana, evitando ser enga帽ados, acosados o discriminados.

El proyecto, financiado por la Comisi贸n Europea en el marco del programa Erasmus plus, est谩 dise帽ado para empoderar a los grupos de personas vulnerables sobre sus derechos digitales a trav茅s de la capacitaci贸n de los profesionales que trabajan con ellos en ONG, asociaciones, servicios sociales, etc. y la creaci贸n y validaci贸n de herramientas espec铆ficas.

Internet genera m煤ltiples oportunidades de formaci贸n, informaci贸n, desarrollo, expresi贸n social e incluso participaci贸n ciudadana. Sin embargo, dentro de Internet se han desarrollado comportamientos negativos como el acoso virtual, la violencia verbal y simb贸lica, la discriminaci贸n e incluso comportamientos delictivos. Hasta el momento, existen importantes iniciativas que muestran la creciente preocupaci贸n por el reconocimiento y regulaci贸n de los derechos de la ciudadan铆a en el entorno digital.

El proyecto PROLIFIC tiene como objetivo generar conciencia y crear herramientas para proteger a los grupos vulnerables de la estafa o la usurpaci贸n de identidad, el acoso y el grooming, la suplantaci贸n de identidad o el abuso de poder por parte de las empresas, as铆 como combatir la difusi贸n de mensajes extremistas, discriminatorios, racistas, xen贸fobos, antisemitas, hom贸fobos o sexistas.

Estos grupos vulnerables son los inmigrantes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Estos grupos tienen diferentes caracter铆sticas, pero tienen en com煤n una mayor vulnerabilidad a las consecuencias negativas del r谩pido desarrollo de la digitalizaci贸n y las TIC, debido tambi茅n a un menor nivel de competencias digitales.

Por estas razones, PROLIFIC formar谩 a los profesionales, voluntarios y educadores que trabajan con estos grupos vulnerables mediante el desarrollo y la oferta de un software (plataforma web) que personaliza un curr铆culo de formaci贸n para que desarrollen las competencias adecuadas para responder mejor a los problemas espec铆ficos antes mencionados relacionados con la violaci贸n de los derechos digitales de los ciudadanos, seg煤n las caracter铆sticas de cada grupo objetivo espec铆fico. Adem谩s, se proporcionar谩 una herramienta de evaluaci贸n para medir el impacto de la promoci贸n de los derechos digitales entre los grupos vulnerables.

Imagen: Mohamed Hassan

Gracias a esto, PROLOFIC permitir谩

  • Empoderar a los grupos vulnerables en sus derechos digitales mediante el desarrollo de la capacidad de los profesionales que trabajan con ellos.
  • Aumentar la conciencia de los grupos vulnerables y sus cuidadores sobre sus derechos digitales
  • Difundir y transferir los contenidos y herramientas de formaci贸n en diferentes comunidades de Europa.

Los grupos destinatarios del proyecto ser谩n los usuarios finales (inmigrantes, personas mayores y discapacitados), los profesionales que trabajan con grupos vulnerables (trabajadores sociales, voluntarios, educadores, etc.), los expertos (por ejemplo, abogados, educaci贸n, inform谩tica) y otras partes interesadas (ONG, asociaciones).

隆Sigue conectado con nosotros para crear un entorno digital m谩s inclusivo y seguro!

Socios del proyecto

Socio principal: Universitat de Valencia – Instituto Polibienestar (Espa帽a)

Otros socios:

ALICEM

Seg煤n el Ministerio del Interior, ALICEM es la primera soluci贸n segura de identidad digital soberana. Esta aplicaci贸n ha sido desarrollada por el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de T铆tulos Garantizados (ANTS). ALICEM es una aplicaci贸n para m贸viles dise帽ada para permitir a las personas autenticar su identidad en servicios online p煤blicos y privadas y las transacciones digitales que realicen.

El usuario debe disponer de un tel茅fono inteligente y de pasaporte o tarjeta de residencia con chip. La aplicaci贸n reemplaza as铆 la tarjeta de identidad que utilizan los ciudadanos en la vida cotidiana y permite el uso de servicios online ya sean p煤blicos o privados. No se trata sin embargo de una aplicaci贸n de uso obligatorio, todo el mundo es libre de utilizar o no la aplicaci贸n.

驴C贸mo funciona?

Una vez instalada ALICEM en el m贸vil, el usuario registra su pasaporte o tarjeta de residencia.

  1. La aplicaci贸n realiza la lectura del chip del documento oficial de identidad mediante el protocolo NFC (tecnolog铆a inal谩mbrica de corto alcance), es decir, sin contacto.
  2. A continuaci贸n se procede a efectuar el reconocimiento facial del individuo comparando la foto del documento con identidad con su rostro para autenticar que el usuario es titular del documento de identidad oficial que porta.

驴Qu茅 supone?

La aplicaci贸n forma parte del reglamento europeo 芦elDAS禄 aprobado el 23 de julio de 2014 y relativo a la identificaci贸n electr贸nica y los servicios de confianza para las transacciones electr贸nicas en el mercado interior. Un reglamento con el objetivo de garantizar las interacciones electr贸nicas en la Uni贸n Europea (UE) entre empresas, ciudadanos y autoridades p煤blicas. 芦elDAS禄 define 3 niveles de garant铆a: baja, sustancial y alta; ALICEM apunta a los dos niveles superiores y antecede a identidad electr贸nica que se prev茅 entre en funcionamiento en Francia en agosto de 2021.

La aplicaci贸n ALICEM fue validada mediante un decreto aprobado en mayo de 2019 que autoriza la creaci贸n de un medio de identificaci贸n electr贸nica denominado 芦Autenticaci贸n online certificada en el m贸vil禄 . El art铆culo 3-2 del reglamento eIDAS define, por un lado, la 芦identificaci贸n personal para medios electr贸nicos禄 que contiene datos de identificaci贸n personal y que se utilizan para autenticarse para un servicio en l铆nea y, por otro lado, 芦identificaci贸n electr贸nica禄 que consiste en utilizar datos de identificaci贸n personal en formato electr贸nico que representen de manera inequ铆voca a una persona f铆sica o jur铆dica, o una persona f铆sica que represente a una persona jur铆dica (art. 3-1).

Por su parte, la 芦autenticaci贸n禄 es un proceso electr贸nico que permite confirmar la identificaci贸n electr贸nica de una persona f铆sica o jur铆dica, o el origen e integridad de los datos en formato electr贸nico. La protecci贸n de datos est谩 garantizada de acuerdo con la ley modificada de 1978 y el RGPD, por ejemplo: no hay almacenamiento de datos extra铆dos del documento de identidad y los datos no se procesan.

La biometr铆a, en este caso el reconocimiento facial con fines de autenticaci贸n segura, impone obligaciones especiales cuando da lugar al procesamiento de datos (como la evaluaci贸n del impacto en la privacidad). Este aspecto est谩 contemplado por ALICEM. Sin embargo, la aplicaci贸n ha suscitado inquietudes con respecto a las posibilidades que ofrece a los Estados o empresas en t茅rminos de trazabilidad de personas.

La asociaci贸n La Quadrature du Net solicit贸 al Consejo de Estado la anulaci贸n del decreto por extralimitaci贸n de poder y, subsidiariamente, plantear cuestiones preliminares al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El Consejo de Estado rechaz贸 el recurso de la asociaci贸n que se opon铆a a la fase de reconocimiento facial al abrir la cuenta del usuario, alegando que la soluci贸n deb铆a ofrecer una alternativa a este proceso de verificaci贸n de identidad biom茅trica. Su respuesta advierte en primer lugar que el usuario m贸vil no tiene la obligaci贸n de registrarse en el servicio ya que, como subraya el Consejo de Estado, siempre tiene la posibilidad de utilizar otros dispositivos de identificaci贸n online de France Connect. Conecte 芦cuyo uso no presupone el consentimiento para el procesamiento del reconocimiento facial禄.

Adem谩s, el Consejo de Estado recuerda que la ley modificada de 1978 (art. 8) y el RGPD (art. 9) proh铆ben el tratamiento de datos biom茅tricos, a menos que el interesado haya dado su consentimiento expl铆cito y que, en el procesamiento por razones de inter茅s p煤blico importante, dicho procesamiento es proporcionado. Sin embargo, el consentimiento debe haberse otorgado libremente.

驴Podr铆amos prescindir del reconocimiento facial? 驴Hab铆a otras formas de acceder al servicio ALICEM?

Seg煤n el Consejo de Estado:

No se desprende de los documentos del expediente que, para la creaci贸n de identificadores electr贸nicos, a la fecha del decreto impugnado existieran otros medios para autenticar la identidad del usuario de forma totalmente desmaterializada presentando el mismo nivel de garant铆a que el sistema de reconocimiento facial.

As铆, el uso de biometr铆a autorizado por el decreto 芦debe ser considerado como requerido por el prop贸sito de este procesamiento禄. Es evidente que la asociaci贸n no hab铆a proporcionado pruebas de que existieran tales medios.

Y adem谩s:

De los documentos del expediente se desprende que los servicios accesibles a trav茅s de la aplicaci贸n Alicem tambi茅n eran accesibles, en la fecha del decreto impugnado, a trav茅s de FranceConnect, cuyo uso no presupone el consentimiento para el tratamiento de reconocimiento facial.

Por tanto, de ello se desprende que el consentimiento de los usuarios de ALICEM se otorga libremente. Por 煤ltimo, se deja de lado la cuesti贸n de la recogida de datos adecuados, relevantes y no excesivos en relaci贸n con el objeto y finalidades del tratamiento.

Esta decisi贸n del Consejo de Estado es una buena noticia para la seguridad y la confianza digital; aunque solo sea para luchar contra el fraude y el robo de identidad.

Digitalizaci贸n de la empresa

La digitalizaci贸n de las organizaciones y las empresas ha pasado de objetivo estrat茅gico a urgencia inmediata en toda Europa. La recuperaci贸n econ贸mica del continente tendr谩 en ella uno de sus dos pilares fundamentales. Digitalizaci贸n significa hoy un futuro apremiante y una esperanza.

El peligro es que cuando una palabra pasa ser el veh铆culo de todas las aspiraciones sociales, inevitablemente se vac铆a en cierto grado de contenido. El problema es que la reflexi贸n previa sobre su significado real, material, era tan escueta, que podr铆a convertirse en fetiche. Por eso es m谩s importante que nunca escuchar a los cr铆ticos.

El siguiente documento recoge citas de dos art铆culos de opini贸n, firmados por David Justino y Eduardo Manch贸n publicados en medios de comunicaci贸n de Portugal y Espa帽a durante la 煤ltima semana.

Ideas centrales

  • Lo que nos puede salvar es la producci贸n de conocimiento innovador, incorporado o no a la tecnolog铆a, que puede movilizarse para agregar valor a los bienes que producimos. Digitalizar sin un cambio previo de procesos es reproducir los (malos) servicios existentes. Automatizar sistemas industriales obsoletos es darles un nuevo aspecto, sin cambiar su naturaleza real. David Justino
  • La digitalizaci贸n es un aprendizaje y los aprendizajes no se pueden delegar. Al igual que la alfabetizaci贸n tiene consecuencias mayores que el mero hecho de saber juntar letras, la digitalizaci贸n es mucho m谩s que crear una web o una ‘app’, es un aprendizaje que implica cambios profundos en las personas y en el funcionamiento de las organizaciones. Subcontratar la digitalizaci贸n significa pagar para que ese capital intelectual, literalmente, se pierda en un tercero cuyo negocio no es acumular conocimiento, sino vendernos el m谩ximo n煤mero de horas. Contratar a un zorro para que nos vigile las gallinas. Eduardo Manch贸n.

David Justino: 芦El fetichismo de la tecnolog铆a禄

David Justino(1953) Pol铆tico y soci贸logo portugu茅s del partido social dem贸crata (PSD) del que actualmente es vicepresidente. Fue Ministro de Educaci贸n (2002-2004) con el gobierno de Dur茫o Barroso y asesor para asuntos sociales del Presidente Cavaco Silva, entre otros cargos. Es Catedr谩tico de Sociolog铆a en la Universidade Nova de Lisboa.

David Justino ha iniciado la publicaci贸n de una serie de 10 art铆culos en el diario portugu茅s P煤blico sobre los retos a los que nos enfrentamos actualmente en diversas 谩reas, en Portugal y en el mundo. En su art铆culo dice as铆:

La tensi贸n entre individualismo y masificaci贸n se ha formulado, al menos, desde John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville y se centra en la libertad y diversidad de una sociedad de individuos y ciudadanos ante lo que se tem铆a como el riesgo de la 芦tiran铆a de las masas禄 o , si queremos, del despotismo de las mayor铆as. Ambos convergieron en la necesidad de crear instituciones pol铆ticas que garantizasen un equilibrio indispensable entre los derechos fundamentales de las personas, su libertad y poder de diferenciaci贸n, y el respeto a la voluntad de las mayor铆as, por irracional y anacr贸nica que sea.

Las nuevas tecnolog铆as, en concreto las de la informaci贸n y la comunicaci贸n, aumentan esta tensi贸n e introducen nuevos motivos de preocupaci贸n por el acceso masivo a la informaci贸n, la opini贸n y el poder que tienen los peque帽os grupos para inducir ideas, conceptos y comportamientos de la enorme masa humana de usuarios. y consumidores. La visi贸n orwelliana sigue flotando sobre el futuro de nuestras sociedades, aunque en una escala ampliada, m谩s descentralizada pero tambi茅n m谩s fragmentada.

El fetichismo de la tecnolog铆a

Recuerdo un episodio sucedido en 1996 y repetido en 1997. Por primera vez un ordenador gan贸 una partida de ajedrez al que en ese momento se consideraba el mejor jugador de todos los tiempos, Garry Kasparov. En 1997, el equipo creado por IBM volvi贸 a ganar dos juegos, lo que le permiti贸 ganar el partido de 6 (tres empates y una derrota). Muchos de los lectores recordar谩n el nombre del campe贸n de ajedrez. Otros recordar谩n el nombre de la computadora, ‘Deep Blue’. Pero pregunto: 驴cu谩ntos recuerdan los nombres de los programadores que desarrollaron el software? Cinco ingenieros y un joven maestro de ajedrez: Chung-Jen Tan, Murray Cambell, Feng-hsiung Hsu, Joseph Hoane Jr., Jerry Brody y Joel Benjamin.

Lo que qued贸 para la historia fueron Kasparov y Deep Blue, el hombre derrotado por la m谩quina. Todo el conocimiento que se tuvo que movilizar desde el registro de 700 mil partidas que involucraron a los grandes maestros del ajedrez, as铆 como el complejo proceso de programaci贸n, qued贸 en segundo plano.

Nuestra relaci贸n con la tecnolog铆a desde entonces no ha cambiado significativamente. La fascinaci贸n por la tecnolog铆a nos hace olvidar el valor del conocimiento y la acci贸n humana que la conciben y desarrollan. A la tecnolog铆a se le atribuyen poderes m谩gicos, a veces sobrehumanos, cuando no hay nada m谩gico en ella y la capacidad humana para producir estas tecnolog铆as est谩 lejos de su l铆mite.

El concepto de fetichismo fue pionero en Marx, cuando, respecto al concepto de alienaci贸n, habl贸 del 芦fetichismo de la mercanc铆a禄. David Harvey, un ge贸grafo ingl茅s de orientaci贸n marxista, transpone la idea de hablar del fetichismo de la tecnolog铆a, entendi茅ndola como la propensi贸n humana a 芦dotar a los objetos o entidades, reales o imaginarios, de poderes aut贸nomos, misteriosos e incluso m谩gicos para moverse y dar forma el mundo de diferentes maneras禄 (El fetiche de la tecnolog铆a: causas y consecuencias ).

La acci贸n y el discurso pol铆ticos, particularmente entre nosotros, reflejan este fetichismo de la tecnolog铆a. La gran moda de la digitalizaci贸n abarca todos los 谩mbitos de la vida social, est谩 presente en el vocabulario del discurso 芦innovador禄 y 芦vanguardista禄, como si fuera la soluci贸n m谩gica para solucionar los problemas del pa铆s. 隆Puro enga帽o! En el mejor de los casos, seremos mejores consumidores de la tecnolog铆a que otros dise帽an, producen y comercializan, meros agentes pasivos de un proceso cuyo valor agregado es bajo.

Lo que nos puede salvar es la producci贸n de conocimiento innovador, incorporado o no a la tecnolog铆a, que puede movilizarse para agregar valor a los bienes que producimos. Digitalizar sin un cambio previo de procesos es reproducir los (malos) servicios existentes. Automatizar sistemas industriales obsoletos es darles un nuevo aspecto, sin cambiar su naturaleza real.

Eduardo Manch贸n: 芦Las consultoras est谩n matando la industria禄

Eduardo Manch贸n(1977) Fundador de Panoramio y Mailcheck, es el primer espa帽ol que vendi贸 su empresa a Google. Publica columnas de opini贸n en el diaro El Confidencial. Hacemos referencia a uno de sus art铆culos en el que plantea y analiza el error que muchas empresas espa帽olas han cometido al dejar su digitalizaci贸n en manos de consultoras.

Las pifias de la web de Renfe son el hazmerre铆r nacional, todos hemos sufrido en carne propia sus fallos. Lo sorprendente, sin embargo, no es que alguien cometa errores, lo verdaderamente chocante es que despu茅s de muchos a帽os esos errores contin煤en all铆. Solo quien conozca c贸mo funciona la consultor铆a de software ser谩 capaz de entender esta situaci贸n delirante.

La web de Renfe es solo la punta del iceberg. Buscadores que no encuentran, webs lentas, procesos incomprensibles鈥 No hace falta ser un experto, cualquier usuario sabe que la calidad de la mayor铆a de las ‘apps’ y webs ‘made in Spain’ deja mucho que desear. Y s铆, casi todo ese ‘software’ ha sido creado por consultoras.

La digitalizaci贸n por fin ha llegado a Espa帽a, toda empresa o Administraci贸n que se precie tiene una web y una ‘app’ pero, como los se帽ores feudales que renunciaban a aprender a leer y a escribir delegando esa tarea en sus escribanos, las empresas espa帽olas han cometido el error de delegar su digitalizaci贸n y dejarla en manos de consultoras.

El problema es que la digitalizaci贸n es un aprendizaje y los aprendizajes no se pueden delegar. Al igual que la alfabetizaci贸n tiene consecuencias mayores que el mero hecho de saber juntar letras, la digitalizaci贸n es mucho m谩s que crear una web o una ‘app’, es un aprendizaje que implica cambios profundos en las personas y en el funcionamiento de las organizaciones.

No aprender significa quedar a expensas de decisiones interesadas de terceros. Solo a un negocio interesado en facturar horas le conviene que los bancos sigan usando una tecnolog铆a obsoleta como Cobol. Gracias a decisiones como esa, los bancos han acumulado cantidades ingentes de lo que en el sector se llama ‘deuda t茅cnica’, y eso convierte en un infierno cualquier intento de implementar mejoras. Una organizaci贸n suficientemente competente hubiera tomado la muy dif铆cil decisi贸n de reescribir el c贸digo desde cero hace a帽os, pero a las consultoras les va mejor seguir remendando viejos sistemas. Las consecuencias las sufren el banco y especialmente sus clientes en forma de fallos, lentitud y deficiencias en sus maltrechas ‘apps’. Como Unamuno, los bancos han dicho 芦que digitalicen ellos禄.

La digitalizaci贸n produce una acumulaci贸n de un valioso capital intelectual en la organizaci贸n, un ‘asset’ digno de aparecer entre sus activos. Subcontratar la digitalizaci贸n significa pagar para que ese capital intelectual, literalmente, se pierda en un tercero cuyo negocio no es acumular conocimiento, sino vendernos el m谩ximo n煤mero de horas. Contratar a un zorro para que nos vigile las gallinas.

En consultor铆a, se trata de evitar ese conflicto de inter茅s cerrando precios, fechas de entrega y definiendo exactamente el producto a entregar, pero ese cors茅 no funciona y se entregan productos deficientes o inacabados para acabar terminando el producto facturando infinitas horas adicionales de ‘mantenimiento’. El grillete perfecto: el zorro se nos est谩 merendando las gallinas y ni siquiera podemos cambiar de zorro.

Crear ‘software’ es un proceso con caracter铆sticas muy particulares, tan particulares que en la industria se ha llegado al consenso de que es imposible ejecutar con 茅xito un producto planificado de antemano. Todos se han rendido a la realidad de un proceso artesanal de mejora paso a paso que nunca acaba. Las nuevas metodolog铆as, en lugar de intentar poner orden, son capaces de tolerar el caos y la incertidumbre que supone no poder predecir el siguiente paso. En consecuencia, nadie, excepto las consultoras, trabaja ya ni con fechas de entrega ni con las especificaciones detalladas de anta帽o. Un proceso poco predecible y ca贸tico que requiere horas infinitas no es algo que quieras hacer con una consultora externa.

En rom谩n paladino, por muy bien que creas que hayas planificado, a las primeras de cambio surgir谩n imprevistos y toda la planificaci贸n saltar谩 por los aires. Por eso, trabajando con una consultora siempre llega el d铆a en que no le sale a cuenta echar m谩s horas (o las echa con cuentagotas arrastrando los pies). Ese d铆a raramente coincide con el momento en que un producto est谩 listo para ser usado.

Ajenas a las modernas pr谩cticas, las consultoras son aut茅nticas f谩bricas de facturar horas y se vanaglorian de abrir ‘software factories’ intensivas en mano de obra en las localizaciones con salarios m谩s bajos. En las ant铆podas de este modelo est谩n las modernas empresas de ‘software’, organizaciones posindustriales donde la calidad del resultado se basa en el conocimiento t谩cito acumulado en los cerebros de sus trabajadores, el aut茅ntico medio de producci贸n, lo que los hace dif铆cilmente sustituibles e inevitablemente conlleva excelentes condiciones laborales.

驴Hay soluci贸n? S铆, y aunque es dif铆cil, tenemos referentes que han dado un golpe de tim贸n. Juan Roig, en la presentaci贸n de resultados en 2017, dijo literalmente 芦la web de Mercadona es una mierda禄 y apost贸 por crear una divisi贸n interna de la empresa llamada Mercadona Tech para empezar desde cero y hacer viable el negocio ‘online’. Contrat贸 a un equipo de grandes profesionales con el objetivo de repensar absolutamente todo, un proceso artesanal que no acabar谩 nunca y que inevitablemente debe hacerse en casa. Eso es digitalizaci贸n de verdad y, por cierto, la 煤nica manera de que Amazon no te deje alg煤n d铆a en los huesos.

Hubertus Heil - Ministro Federal de Trabajo de Alemania

El antecedente alem谩n

El Ministro de Trabajo Hubertus Heil (SPD) quiere reconocer el derecho a trabajar desde casa despu茅s de la crisis del coronavirus. Los sindicatos y las empresas le apoyan, pero la respuesta obedece a una demanda m谩s general.

El porcentaje de trabajadores que realizan su trabajo desde casa ha aumentado en Alemania del 12 al 25% del total de asalariados durante la pandemia. Heil declar贸 al peri贸dico 芦Bild am Sonntag禄

Estamos trabajando en una nueva ley para el derecho a 芦la oficina en casa禄 [nombre popular del teletrabajo en Alemania], que presentaremos en oto帽o. Todo aquel cuyo lugar de trabajo lo permita, deber铆a poder trabajar si lo desea en remoto. La idea es que los trabajadores puedan mudar su puesto de trabajo a casa, bien de forma permanente, bien uno o dos d铆as a la semana. Con la pandemia, estamos d谩ndonos cuenta de la cantidad de trabajo que actualmente puede ser realizado en remoto.

Con 芦reglas justas禄 Heil quiere evitar que 芦el trabajo se meta demasiado en la esfera privada禄. Tambi茅n debe haber una hora de cierre en la oficina en casa – 芦y esta hora no puede ser las 10 de la noche禄. El trabajo a domicilio deber铆a ser una opci贸n voluntaria para los empleados. 芦Queremos hacer posible m谩s tele-trabajo, pero no forzarlo禄, dijo Heil.

El partido social-dem贸crata (SPD) que integra la coalici贸n liderada por la canciller Angela Merkel, ya hab铆a defendido en diciembre de 2019 鈥搈ucho antes de que la pandemia obligara al confinamiento en Alemania y en gran parte del mundo鈥 el establecimiento del derecho a trabajar desde casa.

El vicecanciller y ministro federal de finanzas, Olaf Scholz, tambi茅n elogi贸 en p煤blico las ventajas del tele-trabajo. 芦Las 煤ltimas semanas han demostrado lo mucho que se puede hacer trabajando desde casa禄; 芦Es un verdadero logro, del que no debemos quedarnos atr谩s禄, a帽adi贸 el Ministro de Hacienda al peri贸dico 芦Bild am Sonntag禄.

La iniciativa tiene el apoyo de los sindicatos, entre otras organizaciones. El miembro de la junta de Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – en espa帽ol, Sindicato Unido de Servicios), Christoph Schmitz, declar贸 que desde el sindicato:

芦Exigimos el derecho a una oficina en casa禄 y a帽adi贸 que deben seguir cumpli茅ndose ciertas condiciones, 芦por un lado, las cuestiones operativas y la voluntad de los clientes han de tener un papel central, y por otro, la salud y la seguridad en el trabajo deben garantizarse de forma integral, lo que abarca desde los equipos de trabajo ergon贸micos hasta el registro del tiempo de trabajo禄.

驴Por qu茅 la medida genera consenso social CDU-SPD, empresariado-sindicatos?

La medida podr铆a afectar a un 20% de la fuerza de trabajo alemana. La experiencia de lo que en Alemania llaman la 芦oficina en casa禄 ha sido muy positiva durante el confinamiento… tanto para empresarios como para trabajadores. Y algo muy similar ha ocurrido en Francia.

Las empresas han visto la oportunidad de reducir gastos fijos en oficinas y servicios ligados. En no pocos casos especulan incluso con la posibilidad de vender plantas o edificios, sin perder capacidad de crecimiento. Porque el hecho es que tener un cierto porcentaje de la plantilla en remoto permite tener una fuerza de trabajo m谩s flexible y capaz de crecer seg煤n las necesidades de la demanda.

Por otro lado, en pa铆ses como Alemania hace mucho que las metodolog铆as online de gesti贸n de proyectos y organizaci贸n de equipos ya estaban muy implantadas dentro de las oficinas m谩s all谩 de los sectores originales (finanzas, software, etc.). Esto ha convertido el paso al teletrabajo en una ganancia real de productividad que los trabajadores han percibido sin embargo como una ganancia en su capacidad de conciliaci贸n laboral-familiar… y un ahorro en tiempos y gastos de transporte.

驴Qu茅 significa regular el teletrabajo como un derecho?

El teletrabajo es un espacio social propio en el que se solapan los derechos laborales y los digitales.

Es muy significativa la experiencia durante la pandemia en Portutal. Este pa铆s instaur贸 la modalidad de teletrabajo en todas las actividades susceptibles de ser trasladadas a los domicilios de los empleados. Sin embargo, las medidas de control establecidas por las empresas hicieron necesaria la intervenci贸n de la Comisi贸n Nacional de Protecci贸n de Datos. La Comisi贸n estableci贸 los l铆mites al empleador, y, entre otros, asentaba la imposibilidad de obligar al trabajador a mantener la c谩mara permanentemente activa, la prohibici贸n de grabar videoconferencias, as铆 como de someter a control remoto su actividad mediante softwares espec铆ficos (TimeDoctor, Hubstaff, Timing, ManicTime, TimeCamp, Toggl o Harvest).

El problema portugu茅s no puede interpretarse como un conflicto por el control de los trabajadores en el tiempo de trabajo, sino como el producto de una desincronizaci贸n cultural. La pandemia impuso el teletrabajo en entornos empresariales que no hab铆an implantado todav铆a la revoluci贸n digital en lo que toca a los servicios empresariales. A diferencia de Alemania, en buena parte del aparato administrativo de las empresas portuguesas las metodolog铆as de trabajo por metas y objetivos se consideran todav铆a exclusivas de los servicios avanzados y la digitalizaci贸n de la gesti贸n de equipos -presenciales o no- no es todav铆a hegem贸nica en el paisaje organizacional.

El teletrabajo supone ganancias de productividad cuando se organiza con metodolog铆as modernas de gesti贸n de equipos en torno a tiempos, metas y objetivos. El mercado hace ya mucho que ofrece decenas de soluciones con diversos enfoques de planificaci贸n y gesti贸n de proyectos online (BaseCamp, Asana, etc.). Este tipo de organizaci贸n del trabajo ha demostrado aumentar de manera efectiva la productividad de los servicios avanzados sin necesidad de cronometraje.

La forma de dar el salto de una situaci贸n similar a la de Portugal a una como la de Alemania, e incrementar con ello la productividad de los servicios dentro de las empresas, es impulsar mediante regulaci贸n la concepci贸n del teletrabajo que es hegem贸nica en EEUU, Gran Breta帽a, Alemania o los pa铆ses escandinavos.

Brecha Digital - Conectividad a Internet

Un reciente estudio publicado hace unas semanas en EE.UU estima que 42 millones de personas carecen de Internet de banda ancha. Un miembro de la Comisi贸n de Comunicaciones advierte de la importancia de frenar la brecha digital y dar acceso a Internet de banda ancha a toda la poblaci贸n como medida de garant铆a social.

Una propuesta para el gobierno federal de Geoffrey Starks, miembro de la Comisi贸n Federal de Comunicaciones.

Una medida clara y consistente durante la pandemia del Coronavirus est谩 siendo quedarse en casa. Para muchas personas eso significa llevar el grueso de las actividades diarias -trabajo, colegio de los ni帽os, atenci贸n m茅dica, relaciones con los seres queridos- a trav茅s de Internet. Sin embargo, esto no es algo posible para todos.

Durante las pr贸ximas semanas se pondr谩 al descubierto, la cruda realidad de la brecha digital: decenas de millones de estadounidenses no pueden acceder a Internet o no pueden permitirse las conexiones de banda ancha en casa que necesitan para teletrabajar, acceder a la informaci贸n m茅dica o ayudar a los j贸venes a seguir un programa educativo cuando los colegios est谩n cerrados. En un momento en el que la salud p煤blica requiere distanciamiento social e incluso cuarentena, cerrar la brecha digital se convierte en algo central para nuestra propia seguridad, incluida la econ贸mica.

Eliminar la brecha digital de forma permanente es un problema a largo plazo que requiere recursos y compromisos sostenidos. El gobierno federal y el sector de la tecnolog铆a y las comunicaciones deben trabajar juntos para tomar medidas inmediatas y de emergencia para hacer llegar la banda ancha de calidad a los hogares de las zonas afectadas por el coronavirus. Esto es lo que deber铆a incluir un plan de est铆mulo de conectividad:

Cada a帽o, la Comisi贸n Federal de Comunicaciones gasta unos 8.000 millones de d贸lares para llevar los servicios de comunicaciones a zonas rurales y a estadounidenses de bajos ingresos. Durante esta crisis, debemos utilizar r谩pidamente estos fondos para aumentar el n煤mero de accesos gratuitos disponibles en escuelas y bibliotecas p煤blicas, ampliar el alcance de la telemedicina y mejorar el programa Lifeline, 煤nico programa federal con la 煤nica misi贸n de llevar conexiones asequibles a los estadounidenses de bajos ingresos, un aspecto cr铆tico en estos tiempos de turbulencia econ贸mica. Esta no ser铆a la primera vez que la Comisi贸n ha ampliado el programa Lifeline ante una crisis; en la etapa de George W. Bush lo reforz贸 a ra铆a del hurac谩n Katrina. Esto adem谩s tendr铆a el beneficio a帽adido de inyectar dinero a la econom铆a nacional mientras el Congreso analiza otras medidas de est铆mulo.

Tambi茅n deber铆amos eliminar los tr谩mites burocr谩ticos y ampliar la flexibilidad normativa cuando ello permita a los proveedores de banda ancha ampliar r谩pidamente el acceso a Internet. La Comisi贸n podr铆a, por ejemplo, acelerar las decisiones sobre exenciones y licencias experimentales que permitir铆an a los proveedores desplegar el espectro inal谩mbrico no utilizado o utilizado de manera ineficientes, as铆 como nuevas tecnolog铆as para aumentar su capacidad y alcance.

A menudo pensamos que la brecha digital es un problema rural, pero las encuestas del censo muestran que el n煤mero de hogares que no est谩n conectados en zonas urbanas es tres veces mayor que en las rurales. El coste, es en distritos urbanos la raz贸n m谩s frecuente. Bas谩ndose en los datos de Pew y en la Encuesta de la Comunidad Americana, el investigador John Horrigan estima que m谩s de 18 millones de hogares carecen de banda ancha porque es demasiado cara. Para satisfacer las necesidades de las personas de bajos ingresos, algunos proveedores de banda ancha ya ofrecen una tarifa social. En tiempos de emergencia, ning煤n estadounidense deber铆a quedarse sin conexi贸n debido a su coste.

Deber铆amos alentar a todos los proveedores de banda ancha a que se unan al esfuerzo de respuesta al coronavirus creando o ampliando las opciones de bajo precio para las conexiones b谩sicas a Internet. Algunos ya lo han hecho, no obstante debemos hacer m谩s por las familias con bajos ingresos, que ya soportan demasiadas cargas adem谩s de esta crisis de salud y sus consecuencias econ贸micas.

Por 煤ltimo, en vista del n煤mero de estadounidenses que trabajar谩n a distancia, utilizar谩n la telemedicina, asistir谩n a clases online y en general utilizar谩n m谩s Internet, los proveedores deben renunciar a los topes de datos en las zonas afectadas durante los pr贸ximos 60 d铆as. Esta medida sin duda supondr谩 un coste para las empresas de telecomunicaciones, pero reconoce la urgencia del momento. Tambi茅n deber铆amos alentar a los proveedores de servicios inal谩mbricos a que utilicen las herramientas de que disponen para desastres naturales y otras emergencias, como centro m贸viles de conectividad para dar servicio a las zonas que carecen de banda ancha.

California Consumer Privacy Act 2018

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA por sus siglas en ingl茅s) es una ley estatal destinada a mejorar los derechos de privacidad y la protecci贸n del consumidor para los residentes en California, Estados Unidos.

Su impulsor, Alastair Mactaggart, es un magnate inmobiliario, Fundador de la asociaci贸n 芦Californians for Consumer Privacy禄 y Presidente de su Junta; La asociaci贸n ha sido la entidad impulsora del refer茅ndum de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).

Mactaggart y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Presentada a referendum en 2016, obtuvo el respaldo de 690 mil ciudadanos, siendo el m铆nimo para iniciar un procedimiento legislativo de 500 mil. La Ley de Privacidad fue aprobada en 2018 por la Legislatura del Estado de California y por el gobernador de California, Jerry Brown. El CCPA otorga a casi 40 millones de personas en California los derechos de privacidad de datos m谩s s贸lidos del pa铆s y ha entrado en vigor en enero de 2020.

Los californianos ahora tienen derecho a saber qu茅 datos se recopilan sobre ellos, a prohibir la venta de sus datos a terceros, a demandar a las empresas que recopilan sus datos y sufren una violaci贸n de seguridad, y a eliminar los datos recopilados sobre ellos. El CCPA tambi茅n prohibir谩 la discriminaci贸n contra los consumidores que opten por no participar en la recopilaci贸n de datos.

  • Saber si una empresa recolecta tus datos.
  • Conocer qu茅 datos han sido recopilados sobre ti en los 煤ltimos 12 meses.
  • Expresar tu rechazo a la recolecci贸n de datos.
  • Prohibir que los datos recopilados sean cedidos o vendidos a terceros.

Para ello, toda p谩gina web o aplicaci贸n debe contar con un 芦bot贸n禄 que de forma clara permita al usuario ejercer estos derechos.

Se trata de un 茅xito sin precedentes, que abre la puerta a una legislaci贸n a nivel federal sobre los derechos de privacidad en Internet, pero tambi茅n ha provocado la respuesta inmediata de la industria tecnol贸gica de Silicon Valley. A trav茅s de diferentes cauces ya ha presentado una serie de enmiendas a la CCPA de cara a diluir su efecto real en el tratamiento y gesti贸n de datos de los usuarios.

Google adem谩s advierte del da帽o a las peque帽as empresas y emprendedores que acarrear谩 la implementaci贸n de la CCPA, alega que se trata de matizar el lenguaje de la ley para permitir la subsistencia de los actuales modelos de negocio basados en los datos de sus usuarios. Por ejemplo, el texto de la ley limita y lista actividades espec铆ficas en las que se permite la cesi贸n de los dados tratados, entre ellos 芦auditor铆a y seguridad禄 y propone que sea sustituido por 芦negocios cuyos prop贸sitos incluyan禄 abriendo la puerta a mantener el actual status quo.

Por ello, Mactaggart ha anunciado que se encuentra trabajando en la elaboraci贸n de un nuevo texto base para conseguir ampliar las garant铆as de la CCPA. La CCPA, se帽ala, se centra en la venta de datos personales, pero no aborda directamente el uso de esos datos por la fuente que los recogi贸 originalmente. Su nueva propuesta busca proteger la 芦informaci贸n personal confidencial禄. Los datos que estar铆an cubiertos por esa definici贸n incluyen informaci贸n de geolocalizaci贸n, n煤meros de Seguro Social, n煤meros de pasaporte y datos sobre raza, religi贸n, afiliaci贸n sindical, y orientaci贸n sexual, entre otras categor铆as禄. Propone adem谩s la creaci贸n de una nueva agencia de protecci贸n de datos independiente, inspirada en el organismo regulador de la Uni贸n Europea.

Derechos recogidos en la CCPA

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), promulgada en 2018, crea nuevos derechos de los consumidores relacionados con el acceso, la eliminaci贸n, y la cesi贸n de informaci贸n personal, que se recaba por las empresas.

Es decir, la CCPA recoge el derecho de los consumidores a saber qu茅 informaci贸n recopilan las empresas sobre ellos, para qu茅 prop贸sito y con qui茅n la comparten. Los usuarios podr谩n solicitar a las empresas la eliminaci贸n de sus datos personales, y manifestar su deseo de no permitir su venta o divulgaci贸n a terceros.

Por su parte, las empresas deber谩n mostrar en un lugar visible de su p谩gina web o aplicaci贸n un enlace con el texto 芦Do Not Sell My Personal Information禄, para que los consumidores puedan ejercer estos derechos.

La CCPA se aplica sobre las empresas que, con independencia de su domicilio social, traten con datos de residentes en el estado de California y cumplan los siguientes requisitos:

  • Contar con un beneficio anual bruto superior a 25 millones de d贸lares;
  • Tratar con informaci贸n de un m铆nimo de 50.000 usuarios, dispositivos u hogares, o;
  • Obtener como m铆nimo el 50 por ciento de sus ganancias de la venta de informaci贸n personal.

Toda actividad comercial que se incluya en las condiciones establecidas por la CCPA deber谩 cumplir con una serie de obligaciones para aumentar la transparencia en el tratamiento que hacen de los datos, entre los que se encuentran:

  • Informar a los consumidores si tienen intenci贸n de vender sus datos. Adem谩s, tienen prohibida la venta de datos de menores de 16 a帽os a menos que se autorice.
  • Incluir una pol铆tica de privacidad en la web donde se especifique la informaci贸n recogida y el prop贸sito.
  • Proporcionar mecanismos para que los consumidores puedan solicitar informaci贸n acerca de sus datos y responder a las solicitudes sin coste.
  • No discriminar a aquellos consumidores que deciden eliminar sus datos, impedir su venta o ejercer alg煤n otro derecho. No obstante, las empresas s铆 pueden ofrecer incentivos financieros a los consumidores por el tratamiento de sus datos.

Informaci贸n personal

La informaci贸n personal bajo la CCPA incluye:

  1. Identificadores directos (tales como el nombre real, alias, direcci贸n postal, n煤meros de la seguridad social);
  2. Identificadores 煤nicos (cookies, direcci贸n de IP y nombres de usuario);
  3. Datos biom茅tricos (como el rostro y las grabaciones de voz);
  4. Datos de geolocalizaci贸n (tales como el historial de localizaci贸n);
  5. Actividad internauta (historial de navegaci贸n, b煤squedas realizadas, interacci贸n de datos con una web o una aplicaci贸n);
  6. Informaci贸n sensible (datos sobre salud, caracter铆sticas personales, comportamiento, religi贸n, convicciones pol铆ticas, preferencias sexuales, empleo o datos educativos, historial m茅dico o informaci贸n financiera).

La informaci贸n personal tambi茅n incluye datos que por deducci贸n pueda desembocar en la identificaci贸n de un individuo o una unidad familiar, adem谩s de datos que pueda ser de cualquier modo re-identificable. Esto significa que datos que por s铆 mismos no son informaci贸n personal pueden serlo bajo la CCPA si pueden ser usados -por deducci贸n o combinaci贸n con otros datos- para identificar un individuo o una unidad familiar.

Incumplimiento y sanciones

El incumplimiento de la CCPA puede desembocar en multas para las empresas de 7.500$ por infracci贸n y 750$ por usuario afectado en concepto de da帽os y perjuicios civiles.

El poder para hacer cumplir la CCPA recae en la oficina del Fiscal general de California, quien, hasta julio de 2020 tiene que especificar la regulaci贸n de dicha aplicaci贸n. Sin embargo, el periodo provisional entre enero y julio de 2020 no se convierte en un periodo de gracia y las empresas est谩n sujetas a demandas civiles por la recogida y venta de datos desde el 1 de enero de 2020.

Enmiendas a la CCPA

El Procurador General de California ha preparado el siguiente t铆tulo y resumen del prop贸sito y los puntos de la medida propuesta: Modifica las leyes de privacidad del consumidor. Estatuto de la iniciativa. Permite a los consumidores:

  1. Evitar que las empresas compartan informaci贸n personal;
  2. Corregir la informaci贸n personal inexacta;
  3. Limitar el uso de 芦informaci贸n personal sensible禄 por parte de las empresas, como por ejemplo geolocalizaci贸n; raza; etnia; religi贸n; datos gen茅ticos; afiliaci贸n sindical; comunicaciones privadas; y cierta orientaci贸n sexual, salud e informaci贸n biom茅trica.

Adem谩s,

  • Cambia los criterios para los cuales los negocios deben cumplir con estas leyes.
  • Proh铆be la retenci贸n de informaci贸n personal por parte de las empresas durante m谩s tiempo del razonablemente necesario.
  • Triplica las penas m谩ximas para las violaciones relativas a consumidores menores de 16 a帽os.
  • Establece la Agencia de Protecci贸n de la Privacidad de California para hacer cumplir y implementar las leyes de privacidad del consumidor, e imponer multas administrativas.
  • Requiere la adopci贸n de reglamentos sustantivos.

En cuanto a la estimaci贸n del impacto fiscal en los gobiernos estatales y locales, la fiscal铆a apunta a:

  • Aumento de los costos estatales anuales de aproximadamente $10 millones de d贸lares para una nueva agencia estatal que supervise el cumplimiento y la aplicaci贸n de la privacidad del consumidor leyes.
  • El aumento de los costos estatales, que potencialmente alcanzar铆an los millones de d贸lares anuales, por el aumento de la carga de trabajo administrativo y de los tribunales estatales, que se compensar铆a en parte o en su totalidad con ingresos por multas.
  • Imposibilidad de establecer el impacto en los ingresos tributarios estatales y locales causados por los efectos econ贸micos resultantes de los nuevos requisitos de las empresas para proteger la informaci贸n de los consumidores.

Palacio sede del Consejo de Estado - Italia

Recientemente el Consejo de Estado (Consiglio di Stato), el principal 贸rgano judicial-administrativo y consultivo italiano, emiti贸 una interesante decisi贸n relativa a la posibilidad y la legalidad de que la administraci贸n p煤blica se base en procedimientos y decisiones basados en algoritmos.

En el caso en cuesti贸n, la controversia se refer铆a al resultado de un procedimiento de contrataci贸n extraordinaria de maestros de escuela, llevado a cabo por el Ministerio de Educaci贸n italiano: en el contexto de ese procedimiento, se asignaron geogr谩ficamente diferentes lugares de trabajo a los maestros contratados.

Este procedimiento -basado 煤nicamente en un algoritmo que, en opini贸n de los profesores, no funcionaba correctamente- organizaba los traslados sin tener debidamente en cuenta las preferencias expresadas por los profesores, incluso en presencia de plazas disponibles en las zonas geogr谩ficas preferidas. En esencia, el mecanismo de movilidad extraordinaria result贸 perjudicial para los profesores que fueron trasladados a provincias alejadas de la de su residencia o de la elegida con prioridad en el momento de su solicitud de empleo.

Aunque consider贸 ileg铆timo el algoritmo utilizado en el caso concreto, el Consejo no excluy贸 en absoluto la posibilidad de que la administraci贸n p煤blica adoptara algoritmos: m谩s bien se帽al贸 que la administraci贸n p煤blica podr谩 explotar el importante potencial de la llamada 芦revoluci贸n digital禄, utilizando tambi茅n algoritmos, pero s贸lo en determinadas condiciones. Seg煤n el Consejo, la utilizaci贸n de algoritmos inform谩ticos para la adopci贸n de decisiones que afectan a la esfera p煤blica y privada debe evaluarse siempre en t茅rminos de eficacia y neutralidad: esto significa que la utilidad de los algoritmos para la gesti贸n del inter茅s p煤blico puede ser particularmente 煤til en lo que respecta a procedimientos, como el que nos ocupa, que son seriados o normalizados, que implican la tramitaci贸n de grandes cantidades de solicitudes, y que se caracterizan por el acopio de determinados elementos objetivamente demostrables y por la ausencia de toda apreciaci贸n discrecional.

En opini贸n del Consejo de Estado italiano, la plena admisibilidad de esos instrumentos podr铆a responder a los criterios de eficiencia y eficacia en funci贸n de los costos de la acci贸n administrativa, que, de conformidad con el principio constitucional de buena ejecuci贸n de la acci贸n administrativa (art铆culo 97 de la Constituci贸n italiana), exigen que la administraci贸n alcance sus objetivos con el menor gasto de recursos y mediante la racionalizaci贸n y aceleraci贸n del procedimiento p煤blico.

El uso del algoritmo debe estar correctamente enmarcado en t茅rminos de medidas organizativas, medios procesales y de investigaci贸n, sujeto a los requisitos, comprobaciones y controles t铆picos de cualquier procedimiento administrativo, asegurando que la elecci贸n autorizada se lleve a cabo sobre la base de la ley que atribuye el poder y los prop贸sitos a la autoridad p煤blica. El Consejo destac贸 tres principios interesantes, relativos a los algoritmos potencialmente adoptados por la administraci贸n p煤blica.

  • En primer lugar, el 芦principio de conocimiento禄, en virtud del cual toda persona tiene derecho a conocer la existencia de los procesos automatizados de adopci贸n de decisiones que le conciernen y a recibir informaci贸n significativa sobre su l贸gica. Esta norma constituye una aplicaci贸n espec铆fica directa del arte. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, en el que se establece que cuando la Administraci贸n P煤blica se proponga adoptar una decisi贸n que pueda tener efectos adversos para una persona, tiene la obligaci贸n de 芦motivar su decisi贸n禄 y la persona interesada tiene derecho a ser o铆da y a tener acceso a sus archivos y documentos. El Consejo subray贸 que el derecho a saber debe ir acompa帽ado de mecanismos capaces de descifrar la l贸gica del algoritmo. En esta perspectiva, el principio de la conocibilidad se completa con el principio de la comprensibilidad, es decir, la posibilidad de recibir informaci贸n significativa sobre la l贸gica en cuesti贸n, as铆 como sobre el significado y las consecuencias previstas de ese tratamiento para el interesado. Sin embargo, al leer la decisi贸n, parece que el Consejo de Estado no consider贸 esencial y obligatoria la divulgaci贸n completa y exhaustiva del c贸digo algor铆tmico.
  • En segundo lugar, el Consejo identific贸 el 芦principio de no exclusividad禄 de la decisi贸n algor铆tmica, que se deriva del Art铆culo 22 Reg. UE 2016/679 (GDPR). Una persona tendr谩 derecho a no ser objeto de una decisi贸n basada 煤nicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboraci贸n de perfiles, que produzca efectos jur铆dicos que le conciernan o que le afecten de forma similar y significativa, teniendo derecho a obtener, al menos, una intervenci贸n humana por parte del responsable del tratamiento (la administraci贸n p煤blica, el Ministerio de Educaci贸n en el caso concreto), a expresar su punto de vista y a impugnar la decisi贸n.

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