Por Juan Manuel Serrano | Presidente de Correos y Miembro del Consejo Asesor de Instituto Hermes
Solo garantizando servicios básicos digitales y logísticos podremos enfrentar y revertir el declive de la España despoblada.
La intensificación de la digitalización de nuestras sociedades y su conexión con el Pacto Verde, están dando forma ya a nuestras vidas. Esto es evidente. Pero lo que quizá no sea tan obvio es que la digitalización, unida a derechos digitales, es un motor de lucha contra el declive de la España menos poblada.
Cuando oímos o leemos «derechos digitales» pensamos en libertad de expresión, en protección de datos, en cookies, en Cambridge Analytica o ciberataques. Pero los derechos digitales también son la conectividad universal, el teletrabajo, la formación en cultura digital o la logística, porque sin ella ni la digitalización de las empresas está garantizada ni las necesidades de los ciudadanos completamente satisfechas.
Durante la pandemia descubrimos que muchos empleos podían ser desempeñados con la misma eficacia desde los domicilios de los trabajadores y trabajadoras. Descubrimos que ahorrábamos mucho tiempo en desplazamientos (lo que incidía, además, en la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera) y que lugares mucho más agradables que nuestras atestadas e incómodas grandes ciudades podían convertirse, por fin, en hogares estables.
Pero sin una conectividad suficiente para mantener una videoconferencia sin cortes, sin oferta formativa para nuestros hijos y ante la posibilidad de quedar descolgado del mercado laboral ante la pérdida de un trabajo, el ideal de la vida en el campo se fue desinflando y las mudanzas no llegaron más allá de 70 kilómetros de las grandes capitales.
Ahí es donde la Fundación Instituto Hermes, en colaboración con Correos, se propuso llevar a cabo un proceso de análisis, reflexión y debate con la colaboración de otras dos empresas públicas, también presentes en todo el territorio: Renfe y Red Eléctrica Española, con el objetivo de ofrecer al Gobierno y las CC.AA. propuestas realistas y aplicables para revertir la despoblación a través de la identificación, promoción y difusión de los derechos digitales.
Así, planteamos los debates en 4 ejes, relacionados con otros tantos derechos: Conectividad, Trabajo digital, Alfabetización y desarrollo cultural, y Logística.
Según los mapas oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico hay seis millones de personas en España que no cuentan con una conectividad decente. La conectividad no lo es todo. La brecha digital también tiene que ver con el acceso a dispositivos, con la formación y con la cultura digital pero es preciso solucionar el tema de la conectividad para avanzar en todo lo demás. Sin una conectividad mínima universal y asequible para todos, los más avanzados programas de inclusión y capacitación serán insuficientes.
Otras condiciones han de cumplirse también para que teletrabajar desde cualquier punto del territorio sea una realidad para una cantidad relevante de población. El caso de Renfe y la distribución en el territorio de sus Centros de Competencias Digitales (Teruel, Miranda de Ebro, Alcázar de San Juan, Linares y Mérida, por ahora) es un ejemplo de acción desde las empresas públicas. Pero para que el sector privado haga lo mismo, es necesario crear incentivos, también de tipo fiscal, para que empresas, autónomos y trabajadores tomen una decisión que ahora mismo ni se plantean.
Al mismo tiempo, la formación en competencias digitales debe cambiar su lógica y su naturaleza. Debe dejar de ser una formación puntual en herramientas concretas que muchas veces quedan obsoletas para pasar a ser una formación en cultura digital, que cada trabajador y cada empresario pueda aplicar para digitalizar su actividad aumentando productividad y reduciendo ineficiencias.
La formación digital de los grupos vulnerables dirigida a garantizar su inclusión también debe ser revisada y adaptada a las condiciones particulares de colectivos vulnerables específicos, incidiendo especialmente en la protección de sus derechos de ciudadanía digital, al ser mayor el riesgo y los peligros que enfrentan estos grupos poblacionales.
Y tampoco podemos olvidarnos de la logística, que da materialidad a un mundo digitalizado. España es ya una potencia logística y con el Pacto Verde tenemos una oportunidad histórica para poner en valor lo invertido desde lo público en infraestructuras ferroviarias, aprovechando, por ejemplo, las franja horaria nocturna de la alta velocidad para el transporte de paquetería, electrificando el transporte de mercancías o conectando los puertos con la red ferroviaria.
Hay mucho por hacer, pero ya tenemos parte del camino hecho. La digitalización y la logística unidas pueden marcar realmente la diferencia para alcanzar la igualdad real, la cohesión social y territorial y un tejido productivo potente y distribuido. Tenemos un país con demasiado potencial como para desperdiciar sus posibilidades.