Un reciente estudio publicado hace unas semanas en EE.UU estima que 42 millones de personas carecen de Internet de banda ancha. Un miembro de la Comisión de Comunicaciones advierte de la importancia de frenar la brecha digital y dar acceso a Internet de banda ancha a toda la población como medida de garantía social.
Una propuesta para el gobierno federal de Geoffrey Starks, miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones. Una medida clara y consistente durante la pandemia del Coronavirus está siendo quedarse en casa. Para muchas personas eso significa llevar el grueso de las actividades diarias -trabajo, colegio de los niños, atención médica, relaciones con los seres queridos- a través de Internet. Sin embargo, esto no es algo posible para todos. Durante las próximas semanas se pondrá al descubierto, la cruda realidad de la brecha digital: decenas de millones de estadounidenses no pueden acceder a Internet o no pueden permitirse las conexiones de banda ancha en casa que necesitan para teletrabajar, acceder a la información médica o ayudar a los jóvenes a seguir un programa educativo cuando los colegios están cerrados. En un momento en el que la salud pública requiere distanciamiento social e incluso cuarentena, cerrar la brecha digital se convierte en algo central para nuestra propia seguridad, incluida la económica. Eliminar la brecha digital de forma permanente es un problema a largo plazo que requiere recursos y compromisos sostenidos. El gobierno federal y el sector de la tecnología y las comunicaciones deben trabajar juntos para tomar medidas inmediatas y de emergencia para hacer llegar la banda ancha de calidad a los hogares de las zonas afectadas por el coronavirus. Esto es lo que debería incluir un plan de estímulo de conectividad:Cada año, la Comisión Federal de Comunicaciones gasta unos 8.000 millones de dólares para llevar los servicios de comunicaciones a zonas rurales y a estadounidenses de bajos ingresos. Durante esta crisis, debemos utilizar rápidamente estos fondos para aumentar el número de accesos gratuitos disponibles en escuelas y bibliotecas públicas, ampliar el alcance de la telemedicina y mejorar el programa Lifeline, único programa federal con la única misión de llevar conexiones asequibles a los estadounidenses de bajos ingresos, un aspecto crítico en estos tiempos de turbulencia económica. Esta no sería la primera vez que la Comisión ha ampliado el programa Lifeline ante una crisis; en la etapa de George W. Bush lo reforzó a raía del huracán Katrina. Esto además tendría el beneficio añadido de inyectar dinero a la economía nacional mientras el Congreso analiza otras medidas de estímulo. También deberíamos eliminar los trámites burocráticos y ampliar la flexibilidad normativa cuando ello permita a los proveedores de banda ancha ampliar rápidamente el acceso a Internet. La Comisión podría, por ejemplo, acelerar las decisiones sobre exenciones y licencias experimentales que permitirían a los proveedores desplegar el espectro inalámbrico no utilizado o utilizado de manera ineficientes, así como nuevas tecnologías para aumentar su capacidad y alcance. A menudo pensamos que la brecha digital es un problema rural, pero las encuestas del censo muestran que el número de hogares que no están conectados en zonas urbanas es tres veces mayor que en las rurales. El coste, es en distritos urbanos la razón más frecuente. Basándose en los datos de Pew y en la Encuesta de la Comunidad Americana, el investigador John Horrigan estima que más de 18 millones de hogares carecen de banda ancha porque es demasiado cara. Para satisfacer las necesidades de las personas de bajos ingresos, algunos proveedores de banda ancha ya ofrecen una tarifa social. En tiempos de emergencia, ningún estadounidense debería quedarse sin conexión debido a su coste.Deberíamos alentar a todos los proveedores de banda ancha a que se unan al esfuerzo de respuesta al coronavirus creando o ampliando las opciones de bajo precio para las conexiones básicas a Internet. Algunos ya lo han hecho, no obstante debemos hacer más por las familias con bajos ingresos, que ya soportan demasiadas cargas además de esta crisis de salud y sus consecuencias económicas.Por último, en vista del número de estadounidenses que trabajarán a distancia, utilizarán la telemedicina, asistirán a clases online y en general utilizarán más Internet, los proveedores deben renunciar a los topes de datos en las zonas afectadas durante los próximos 60 días. Esta medida sin duda supondrá un coste para las empresas de telecomunicaciones, pero reconoce la urgencia del momento. También deberíamos alentar a los proveedores de servicios inalámbricos a que utilicen las herramientas de que disponen para desastres naturales y otras emergencias, como centro móviles de conectividad para dar servicio a las zonas que carecen de banda ancha.